El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aprobó el viernes la modificación del anexo II del Real Decreto de protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro, para adecuar la legislación española a la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

La Directiva, traspuesta al ordenamiento jurídico español desde 2009, fue modificada en julio de 2014, lo que exige la adaptación de nuestra legislación para transponer las modificaciones introducidas en la nueva Directiva.

El objetivo de la modificación ha sido el de unificar criterios a la hora de aplicar una metodología común para todos los Estados miembros de la UE en el proceso de determinación de los valores umbral para las sustancias que pueden provocar una situación de riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales de calidad química en una masa o grupo de masas de agua subterránea.

El proyecto de Real Decreto que hoy se aprueba modifica parcialmente el anexo II del Real Decreto hasta ahora en vigor, mediante un artículo único que consta de cuatro apartados en los que se añade una disposición final cuarta sobre habilitación normativa; se redacta más ampliamente el Anexo II (parte A); se añaden dos nuevas sustancias (fosfatos y nitritos) al listado de contaminantes del anexo; y se redacta de nuevo la determinación de los valores umbral y los criterios de inclusión en los planes hidrológicos de cuenca.