El Gobierno catalán ha aprobado solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) el dictamen preceptivo previo a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación con la ley estatal para la defensa de la calidad alimentaria, ya que considera que el texto invade competencias de la Generalitat, dado que la norma establece un régimen sancionador completo y uniforme para todo el Estado para garantizar el cumplimiento de las normas relativas a la calidad alimentaria y un régimen sancionador específico, también uniforme, para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad en la clasificación de los canales de vacuno y porcino.

El Gobierno catalán considera que la imposición de estos regímenes sancionadores uniformes podría invadir las competencias de la Generalidad de Cataluña en materia de regulación sobre la calidad, la trazabilidad y las condiciones de los productos agrícolas y ganaderos, así como la lucha contra los fraudes en el ámbito de la producción y la comercialización agroalimentarias, así como en materia de planificación y ordenación de la actividad económica en Cataluña y de régimen jurídico y procedimiento de las administraciones públicas catalanas (art. 116.1.b, 152 y 159 EAC).

Concretamente, el Gobierno catalán pide al CGE que determine la adecuación a la Constitución y al Estatuto de los artículos 12 a 24 y las disposiciones adicional primera, transitoria única y final quinta de la Ley. Estos preceptos conforman un conjunto sistemático y completo del régimen sancionador, que prácticamente no deja margen para el desarrollo legislativo ni en el establecimiento de una regulación propia del régimen y del procedimiento sancionador en Cataluña en esta materia.