Las ayudas asociadas previstas para la remolacha generan arbitrariedad y discriminación hacia los productores andaluces, según COAG Andalucía. Este sector cuenta con un presupuesto de 16,8 millones de euros para ayuda acoplada, con una superficie máxima (calculada según la media de las cuatro últimas campañas) de 40.100 ha.

Esa superficie se ha asignado a las zonas sur y norte a criterio del Ministerio, correspondiendo al norte 32.500 (a pesar de que en las últimas campañas han sembrado menos) y al sur 7.600 (aunque nuestra media es mayor, pero en el periodo de referencia utilizado hay una campaña en la que, por las lluvias, la siembra en Andalucía se redujo a la mitad).

COAG Andalucía critica que el Ministerio no haya decidido repartir el presupuesto de forma lineal entre las hectáreas, sino que haya cerrado cantidades para cada zona, correspondiendo a Andalucía 2,36 millones y a la zona norte 14,46. Este reparto parece remitir a las cuotas de ambas zonas (15% para Andalucía y 85% para la zona norte), un sistema que desaparece, y que contradice la filosofía de asegurar la actividad basándose en la superficie, no en la producción. La perjudicada es Andalucía según COAG.

Con estos datos, una hectárea de remolacha en nuestra comunidad recibiría 311,37 €, aunque esta cantidad podría descender hasta 275 € si la superficie sembrada se sitúa en los valores normales, en torno a las 8.600 ha. Por el contrario, una hectárea de remolacha en la zona norte recibiría 445,22 €, cantidad que podría aumentar si la superficie desciende, como en los últimos años.

COAG proponía una ayuda acoplada ligada a la producción, pero con una prima diferencial para la siembra de remolacha otoñal (la de Andalucía), que tiene un menor margen bruto que la de siembra primaveral (251,66 para el sur frente a los 614,03 para el norte), porque ésta tiene un rendimiento mayor.

Por esto mismo, COAG Andalucía apostó por la diferenciación de regiones productoras, con la idea de que se pudiera brindar un apoyo más importante en aquellas zonas en las que los riesgos de desaparición del cultivo son mayores, cumpliendo así la premisa de “Establecer pagos a aquellos sectores sometidos a riesgo de abandono o reducción importante de su producción”, uno de los objetivos que ha de alcanzarse para otorgar un pago asociado a un sector.

Pero esto no se ha aceptado, y se ha hecho una propuesta claramente discriminatoria hacia Andalucía, que no podrá “proporcionar un suministro estable a la industria de transformación local, y evitar de este modo las consecuencias sociales y económicas negativas de cualquier reestructuración posterior” (Artículo 55.1.b del Reglamento (UE) 1307/2013, de normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la PAC).

Además, este criterio no es uniforme para todas las ayudas asociadas que propone el MAGRAMA, porque en el caso del tomate transformado, por ejemplo, ocurre justo lo contrario: Andalucía tiene sólo el 13% de la superficie, pero produce de media 92 t/ha frente a las 78 t/ha del resto de regiones productoras. En este caso, se ha decidido que es mejor repartir el presupuesto por superficie, con lo que de nuevo Andalucía sale perdiendo.