El Secretario General Adjunto y diputado por Valencia, José Luis Ábalos, ha denunciado “la impunidad” de las empresas de trabajo temporal (ETTs) y la explotación laboral a la que someten a los trabajadores agrarios en el sector cítrico del campo valenciano, especialmente en las comarcas de la Ribera y la Safor.
En el marco de esa “impunidad” contextualiza que tenga cabida la propuesta conocida hoy de la patronal cítrica, que plantea una rebaja del 30% sobre el Salario Mínimo, “salario que no se cumple”, dejó claro Ábalos, que ironizó que se trata de una bajada salarial “que Montoro llamaría una moderación de crecimiento salarial”.
Ábalos rechazó esta propuesta de la patronal -enmarcada en la mesa del convenio colectivo que se está negociando-, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados, donde precisamente se debatía una moción de la Izquierda Plural “sobre la situación de semiesclavitud de trabajadores agrarios por la acción de las empresas de trabajo temporal”.
Abusos constantes ante la falta de control
En defensa de estos trabajadores, Ábalos denunció la explotación que vienen sufriendo por determinadas ETTs amparadas por la crisis, la reforma laboral del Gobierno y la ausencia de vigilancia de la Administración Pública y la autoridad laboral.
Para el diputado valenciano, se trata de empresas que, entre otros abusos, abonan unos veinte o veinticinco euros por jornadas de trabajo de ‘sol a sol’, la mitad aproximadamente de lo que establece el convenio laboral fruto de años de esfuerzo, de reivindicación, de movilización y de dialogo llevado a cabo por las centrales sindicales y los trabajadores del campo”. Así, alertó de que se estas ETTs, “además de incumplir con el salario mínimo establecido en el Convenio colectivo, no abonan correctamente los kilos de fruta recolectada, declaran menos jornadas de trabajo que las realizadas en realidad, y no siempre dan de alta en la seguridad social a los trabajadores”.
Así, Ábalos apostó una vez más, como vienen haciendo los socialistas, por «aplicar todos los mecanismos legales para erradicar a las ETTs fraudulentas en lo laboral, en lo social y en la trata de seres humanos» y “actualizar y mejorar la actual ley de 1994 con el concurso de empresarios y sindicatos”.
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