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UPA-Andalucía rechaza el modelo de regionalización de ayudas que plantea el Ministerio porque supone en la práctica la aplicación de la tasa plana

23/06/2014

El Secretario General de UPA-Andalucía, Agustín Rodríguez, reclama un modelo de ayudas de la PAC de 42 regiones, el máximo que permite Bruselas para responder a la diversidad de la agricultura y la ganadería que hay en España, en lugar de las 23 que plantea el Ministerio. Y lo pedimos “para evitar la aplicación real de la tasa plana, con trasvases millonarios de fondos desde Andalucía hacia otros territorios y para defender el modelo de agricultura y ganadería productiva frente a la especulativa”. Para UPA-Andalucía, la propuesta que baraja el Ministerio es “una burla general, porque no se respetan los derechos históricos de las comunidades autónomas (ayudas generadas por agricultores y ganaderos), algo que se consiguió en Bruselas, y no evita ni mucho menos los trasvases de la agricultura y ganadería productiva hacia la especulativa”.

Agustín Rodríguez explica: “El Ministerio concentra el grueso de las ayudas en tres regiones de las 23 que plantea, lo que en la práctica es aplicar la tasa plana. Mientras que en las primeras regiones los tramos son muy cortos, por ejemplo en la región 3, donde se propone ir a una media de ayudas entre los 70 y los 85 euros; o la región 9, que plantea una media entre los 160 y los 175 euros; en las tres últimas regiones la convergencia es mayor, con transferencias territoriales y entre explotaciones enormes. Así, en la región 21 se plantea ir a una media en toda España entre 550 y 1.000 euros; o la región 23, que plantea la media para los que cobran más de 1.000 euros. ¿Por qué los primeros tramos son muy cortos y no habrá casi transferencias y los tres últimos son tan grandes? ¿A quién perjudican los tramos mayores?, pues al bajo Guadalquivir y al olivar tradicional de la provincia de Jaén y buena parte de Córdoba. Esta propuesta conllevaría trasvases importantísimos desde Andalucía, de donde saldrían millones de euros a otras regiones”.

Agustín Rodríguez insiste: “No se puede soportar un modelo de política agraria comunitaria que no apueste por la productividad y el empleo. No es el objetivo que se planteaba en la reforma. Hay que recordar aquello que dijo el Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, de que no cobraría ni un solo euro el agricultor de sofá. La práctica, como estamos viendo, no obedece a la teoría. Se está cogiendo el mapa de España y en función del color político de cada territorio se quiere aplicar un criterio u otro”.

En cuanto a las ayudas asociadas, en UPA queremos un modelo “objetivo, homogéneo y no discriminatorio. Por ejemplo, en remolacha, a Andalucía le perjudicaría aplicar el criterio de la producción, porque tiene reconocidas 64 toneladas por hectárea, teniendo en cuenta que hubo un año que climatológicamente nos perjudicó, mientras que Castilla y León tiene 94 toneladas de media. Pero no puede ser que en el caso del arroz y el tomate industrial, donde Andalucía gana en producción, se haga al contrario, y se quiera aplicar un modelo por hectárea, cuando nosotros tenemos una media en arroz de 9 toneladas por hectárea frente a Cataluña, que tiene 6,31; o en el caso del tomate industrial, donde tenemos una media de 95 toneladas frente a las 65 que tiene Extremadura. Además, las ayudas tienen que ser para las primeras hectáreas, porque si en girasol se aplica para las primeras 50 hectáreas, se tendrá que determinar el mismo criterio para el resto, al igual que para la ganadería, al ser una cuestión de presupuesto”.

Por último, Agustín Rodríguez señala: “El Ministerio no puede seguir en un modelo de ayudas que lo dicte el partido del Gobierno. Los agricultores y ganaderos en Andalucía no tienen color político, sino intereses económicos, y producimos para generar empleo y exportar a más de 50 países de todo el mundo. Y tenemos que dar la voz de alarma y advertir que se está aplicando un modelo de ayudas que desde el primer minuto de la aplicación de la reforma supondrá la tasa plana y restará capacidad a la agricultura y ganadería productivas, transfiriendo ayudas hacia los especuladores y discriminando claramente a aquellos territorios con actividad económica y generación de empleo. Y esto no se puede admitir”.

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