La organización agraria APAG EXTREMADURA ASAJA va a comenzar una serie de movilizaciones públicas para exigir la retirada de la tasa de Guardería Rural debido a su afán recaudatorio y a su probada ineficacia en la prestación de vigilancia en las fincas.

Así, el primer acto será el que los agricultores y ganaderos protagonicen el próximo viernes día 13 en la localidad de Puebla de Alcocer, a las puertas de su ayuntamiento, en la Plaza de España, a partir de las 19.00 horas, para exigir a su alcalde, toda vez que se ha intentado sin éxito desde esta organización agraria abrir un proceso de diálogo para intentar buscar una solución consensuada con el equipo de gobierno. Así, de forma reiterada hemos pedido una reunión con su máximo responsable hace ya más de dos semanas pero el silencio ha sido la única respuesta.

Este ayuntamiento ya ha comenzado a cobrar dicha tasa y lo hace a través de dos recibos anuales. En cada uno de ellos cobra cada vez que lo emite tres euros de cuota fija a cada propietario más un euro por cada una de las hectáreas que se tengan.

APAG EXTREMADURA ASAJA se viene haciendo eco de las quejas de una gran mayoría de agricultores y ganaderos que muestran su indignación ante el gran abuso que supone el servicio de Guardería Rural implantando en la mayor parte de ayuntamientos de la provincia de Badajoz, absolutamente ineficaces con respecto a su supuesto fin con el que se crearon: la prestación de vigilancia en las fincas ante la falta de seguridad.

Esta organización agraria viene trabajando desde hace ya meses para que no se aprueben por parte de las entidades locales más tasas abusivas con la intención de cubrir un servicio que se ha demostrado ineficaz y que sólo sirve para recaudar más impuestos a los agricultores y ganaderos.

El problema fundamental es que el servicio de vigilancia, cuando se produce, se realiza en horario de mañana, que es precisamente cuando los propietarios se encuentran en sus fincas y, por lo tanto, durante esas horas no se producen los robos. Otra cuestión sería si se establecieran unos horarios más adecuados, sobre todo por la tarde y por la noche, que es cuando se producen la gran mayoría de hurtos y daños.

Pero es que además las personas encargadas de prestar este servicio no tienen medios materiales para llevarlo a cabo; es decir, no disponen de métodos ni instrumentos necesarios para enfrentarse a los ladrones, además de no estar especializados para dicho trabajo.

Por otra parte, el precio que se cobra a los propietarios es completamente abusivo, desigual de unas poblaciones a otras, sin ningún tipo de control ni justificación y, por supuesto, desproporcionado e injustificado para la labor que realmente prestan. Más bien, estas tarifas parece que la ponen los alcaldes para obtener partidas económicas que sirven para cubrir otro tipo de servicios municipales y no precisamente para vigilar los campos.

Las quejas de los propietarios, que nunca han pedido que se les preste este servicio sino que se los han impuesto por la fuerza, han llegado ya a tal extremo que la indignación es evidente, teniendo en cuenta además la situación económica de las producciones lo que menos precisa en estos momentos es precisamente que se graven con más tasas, porque los bolsillos de los agricultores y ganaderos ya se encuentran lo suficientemente dañados como para encima que se siga abusando de ellos por parte de los políticos.

De esta manera, y antes de abordar ya la problemática por la vía judicial –cuyo estudio está realizando nuestro equipo jurídico- exigimos a los ayuntamientos implicados (insistimos en que la inmensa mayoría de los de la provincia de Badajoz) que eliminen de una vez por todas esta tasa, por ser injusta, ineficaz y que sólo busca el afán recaudatorio en unos tiempos ya de por sí complicados para el mundo agrario.