LA ALIANZA UPA-COAG asistió ayer a la reunión con el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Jaime Haddad, en la que se nos ha explicado la versión del Gobierno central sobre la financiación de los planes de Desarrollo Rural en Castilla y León.

Tras el encuentro de ayer, nuestra organización muestra su absoluta perplejidad ante versiones tan contrapuestas entre lo que dice el MARM y la Consejería de Agricultura.

En todo caso estamos ante una confrontación dialéctica que está afectando a la cofinanciación del 50 % de fondos comunitarios del Plan de Desarrollo Rural correspondientes al 2012, y que consisten en ayudas imprescindibles como son: incorporación de jóvenes, cese anticipado, modernización de explotaciones, mejora de infraestructuras, modernización de regadíos, indemnización compensatorias de montaña, ayudas agroambientales, bienestar animal, forestación de tierras o recuperación potencial forestal.

Esta situación resulta sorprendente, puesto que la información ampliada hoy por el subsecretario del Ministerio de Agricultura en nada se parece a la facilitada días atrás por la Consejería de Agricultura en el Consejo Regional Agrario, en la que se acreditaba que había pagos pendientes del MARM que ascienden a 26,6 millones de euros.

El representante del Ministerio de Agricultura ha confirmado que el próximo viernes habrá otra reunión a nivel técnico de las dos administraciones para avanzar en esta controversia, ya que todo parece indicar que en la reunión del pasado día 21 nada se concretó.

LA ALIANZA UPA-COAG califica como inaudito que estas circunstancias ajenas al sector estén convirtiendo a las ayudas recogidas en el Plan de Desarrollo Rural 2007/2013 en arma arrojadiza entre administraciones, y que sus efectos tengan como víctimas a muchas explotaciones agrarias, a las que están llevando a un callejón sin salida desde el punto de vista de la viabilidad económica.

Por este motivo, apelamos a la responsabilidad política de ambas partes para que se ponga fin a esta confrontación, y se proceda al pago inmediato de lo que se adeuda a más de 50.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León.