Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, pide que se suspenda el proceso de liquidación de las fincas del IARA y que se proceda a iniciar los trámites para crear un Banco Público de tierras, que permita acceder a ella en régimen de arrendamiento tanto a los jóvenes que deseen iniciarse en la actividad agraria como a los pequeños agricultores que quieran redimensionar su explotación.

COAG considera que el proceso de liquidación emprendido por la Junta, por el cual las fincas se subastan, no garantiza la continuidad de la actividad productiva, porque las tierras se destinan así al mejor postor, no al proyecto empresarial que más capacidad tenga de generar riqueza y empleo en el territorio.

Esta organización agraria considera que estas tierras son un bien público que no deben adjudicarse sin garantizar la actividad productiva, que es su vocación. Por eso, reclama la creación de un Banco Público de Tierras, que permita adjudicar las fincas a aquellos jóvenes que quieren incorporarse a la actividad agraria (lo que supondría también promover el relevo generacional) o a aquellos pequeños agricultores que quieran redimensionar su explotación, contribuyendo así a generar empleo propio y por cuenta ajena. De ese modo, Andalucía no sólo reduciría sus niveles de desempleo garantizando el uso productivo de unas tierras con vocación agraria, que es el principal objetivo, sino que además recibiría mayor contrapartida, con ingresos en concepto de seguridad social, IVA, IRPF, etc. Por eso, cualquier cesión de estas tierras debe estar condicionada al compromiso de desarrollar en ellas una actividad productiva que genere empleo y riqueza en el territorio. En estos momentos, en Andalucía hay unas 22.000 hectáreas de tierras públicas, que podrían dar empleo a 2.000 personas.