El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha manifestado esta tarde que “el 90% de los ingresos estimados por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico en lo que se refiere a la sostenibilidad de las energías renovables”, mientras que el 10% restante se dedicará a la política de lucha contra el cambio climático, como ha quedado reflejado en la Ley de Presupuestos Generales de 2013.

En respuesta a una pregunta del senador de CiU Pere Maluquer, Arias Cañete añadía que “el objetivo de esta medida es cumplir con la normativa comunitaria y la nacional, que establecen que los ingresos procedentes de las subastas de CO2 deberán destinarse a políticas de lucha contra el cambio climático, al menos en un 50%.

En concreto, el ministro ha aclarado que el citado 10% que afecta de manera directa a las políticas de cambio climático, “se orientará a medidas que reduzcan nuestras emisiones en los sectores difusos, principalmente en las líneas de actividad del Fondo de Carbono, el Proyecto Huella de Carbono y la Hoja de Ruta de Difusos 2020”.

El ministro ha asegurado que la puesta en marcha del Fondo de Carbono “está teniendo resultados muy satisfactorios: ya tenemos los primeros 40 “Proyectos Clima” aprobados y nuestras empresas han demostrado que tienen capacidad tecnológica suficiente para hacer frente al reto del cambio climático”.

También ha destacado los trabajos del proyecto Huella de Carbono, iniciativa que vincula el cálculo y reducción de la huella de carbono en las empresas con el fomento de los sumideros nacionales.

Por último, el titular de Medio Ambiente se ha referido a la Hoja de ruta de Difusos 2020, “como el principal instrumento para canalizar la responsabilidad que tenemos como Gobierno en esta materia, para la determinación de la senda de cumplimiento que vendrá marcada por la Comisión Europea en los próximos meses, para la elaboración de las proyecciones nacionales a 2020, y para la identificación de las medidas sectoriales necesarias para cubrir la brecha entre nuestras proyecciones y el objetivo a 2020”.

“Una vez que, junto con las Comunidades Autónomas, tengamos elaborada esta hoja de ruta, será el momento de estudiar cómo repartimos el esfuerzo y si también tenemos que repartir los recursos necesarios para abordarlo”, ha concluido.