Los ganaderos de la Comunitat Valenciana han visto como la Generalitat les obliga a pagar desde este año las tasas de los trámites correspondientes a la autorización ambiental integrada (AAI) en sus granjas, según informa LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders.
La Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat, ha establecido el pago por las tramitaciones de autorizaciones ambientales integradas a los ganaderos.
Concretamente, y entre otras tasas, son 1.500 euros por explotación ganadera para instalaciones nuevas o ya existentes con licencia ambiental que se pretendan ampliar, de 750 euros si desean modificar de forma sustancial la autorización y de 150 euros si la modificación no es sustancial. La tramitación de renovación de la autorización ambiental integrada, sin modificación de la instalación y prevista cada ocho años, costará desde el pasado 1 de enero la cantidad de 500 euros.
LA UNIÓ considera que estas tasas frenan la competitividad de un sector como el ganadero muy afectado en los últimos años por la crisis de precios y por el aumento de los costes de producción, sobre todo ante el encarecimiento de los piensos. Del mismo modo estos nuevos gravámenes para los ganaderos son un duro golpe a las zonas de interior de la Comunitat Valenciana, donde la ganadería es un importante motor económico.
Las tasas suponen además una limitación evidente al crecimiento de nuestras granjas pues a partir de ahora los ganaderos se lo van a pensar mucho para ampliar sus explotaciones porque cualquier cambio en la misma le supone desembolsar 1.500 euros.
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