La manifestación el jueves en Badajoz, que tuvo su réplica en las distintas Delegaciones del Gobierno del resto de Comunidades Autónomas, denunciaba la subida de los costes de producción que asfixian a los productores y que están llevando a miles de explotaciones a la ruina, una reforma de la PAC propuesta por Bruselas injusta para los intereses del sector y los recortes abusivos que los gobiernos nacional y regional están llevando a cabo con la excusa de la crisis.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, UPA-UCE Extremadura, cree que es una “oportunidad real” para recuperar medidas tan importantes como los seguros agrarios, que son el “verdadero paraguas que protege al campo de las inclemencias climatológicas”; las ayudas en materia de calidad y seguridad agroalimentaria o las ayudas a las denominaciones de origen; por ejemplo.

La partida de políticas agrarias propias fue recortada este año por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Extremadura en 26 millones de euros, algo que para la organización “supone la paralización del sector en políticas fundamentales: no da respuestas a los problemas de agricultores y ganaderos extremeños, sino que agrava la situación actual planteando nuevos recortes en áreas como la sanidad animal, las denominaciones de origen, la apicultura o los seguros agrarios”.

Ignacio Huertas ha manifestado que los recortes significan un “retroceso general” para el sector y que, tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala el impuesto fijado en la región sobre los depósitos en las entidades bancarias por el que Extremadura recibirá en torno a 240 millones de euros; el Presidente Monago debe ser “consecuente” y defender un sector estratégico para nuestra comunidad como es el agroganadero: “se nos dice que somos estratégicos y luego resulta que somos el sector al que más se le está recortando”, recuerda Huertas; que además señala que agricultores y ganaderos son el “motor del medio rural”.