El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un documento de propuestas para incluir la discapacidad en la fase de programación nacional de intervenciones estructurales para el desarrollo rural, el cual ha sido presentado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con el objetivo de que lo asuman y lo presenten ante Bruselas.

El objetivo de este informe es establecer los vínculos que se podrían implantar entre las propuestas de los nuevos Reglamentos de la Política Agraria Común para 2014-2020 y la Ley española para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, a fin de incluir acciones orientadas a la discapacidad en la fase de programación de las intervenciones estructurales para el desarrollo rural en España.

Según el CERMI, la inclusión de la discapacidad en el ámbito del apoyo público al desarrollo rural en España se ve justificada tanto por la legislación comunitaria como por la normativa española, especialmente, en las actividades enfocadas a la educación; a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación; a la creación y al mantenimiento del empleo; a las infraestructuras, equipamientos y servicios básicos; y a la diversificación económica en el medio rural.

En este sentido, el Comité explica en su informe que la programación bajo el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), aparte de regirse por los principios básicos de la Política Agrícola Común (PAC), está supeditada, a su vez, a los principios horizontales aplicables a todos los fondos contenidos en el Reglamento sobre disposiciones comunes de los fondos gobernados por el Marco Estratégico Común (MEC).

Estos principios son: el de igualdad y no discriminación (basado, entre otros, en la discapacidad), de asociación (inclusión de las organizaciones no gubernamentales y de las instituciones que promueven la igualdad y la no discriminación en todas las fases de gestión de fondos, incluyendo su participación en los Comités de Seguimiento) y el de condicionalidad ex ante (de acceso a la financiación relativa a la discapacidad).

Además, las disposiciones de los Reglamentos de los distintos fondos aún no son definitivas, ya que están en el proceso de triálogo, – negociaciones entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión – por lo que, continúa el CERMI, la programación española para los gastos estructurales entre 2014 y 2020 “deberá considerar estos principios”, al mismo tiempo que éstos deberán articularse con la legislación nacional, con el objetivo de incluir acciones orientadas a la discapacidad en la programación española del FEADER.

Por otra parte, el informe del CERMI plantea que los principios generales establecidos en los Reglamentos comunitarios se podrían declinar en acciones específicas para la discapacidad utilizando las prioridades establecidas por la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, “que aporta mayores detalles y ya contempla la discapacidad bajo varias de las áreas de intervención del desarrollo rural”.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina más de 7.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.