El Parlamento Europeo rechazó el viernes eliminar las ventajas fiscales de que goza el gasóleo en comparación con la gasolina. En una resolución sobre el sistema impositivo de la energía, los diputados se mostraron en contra de una propuesta de la Comisión que sugería terminar gradualmente con las ventajas del combustible diésel.
El informe del PE, adoptada por 374 votos a favor, 217 en contra y 17 abstenciones, contiene una serie de recomendaciones dirigidas al Consejo, que debe decidir por unanimidad qué cambios se introducirán finalmente en la legislación actual.
La ponente, Astrid Lulling (PPE, Luxemburgo) ha apoyado el objetivo de combatir el cambio climático pero se ha opuesto a la neutralidad impositiva argumentando que incrementaría el precio del gasóleo.
Propuesta de la CE
La Comisión Europea propuso que los impuestos sobre la energía se dividan en dos partes: la primera específicamente ligada a las emisiones de CO2 y la segunda relacionada con el contenido energético de cada producto. Esta separación tiene como objetivo luchar contra el cambio climático, promover el uso de energías renovables y favorecer la inversión en una economía más verde.
Otros ámbitos
Los Estados miembros deberán aplicar impuestos reducidos o nulos a algunas actividades, como por ejemplo la agricultura y la actividad forestal, siempre que sirvan para recompensar esfuerzos en el ámbito de la eficiencia energética. Durante un periodo de tiempo limitado, las autoridades nacionales podrán eximir también el combustible utilizado para actividades profesionales y para la navegación marítima. Con el objetivo de proteger la posición competitiva de las empresas de la UE, los diputados desean que esta eliminación gradual se lleve a cabo, preferiblemente, en el contexto de los acuerdos internacionales.
Por el contrario, el pleno ha apoyado la eliminación gradual de las exenciones o las reducciones fiscales a familias y organizaciones sociales sin ánimo de lucro. Los diputados piden a los Estados miembros que compensen con medidas sociales sólidas y completas a las familias de rentas bajas y a las organizaciones sociales si estas medidas afectan a los precios de la energía.
Por último, los países de la UE tendrán que garantizar que los impuestos por CO2 no se apliquen a los sectores industriales que ya están sujetos al régimen de comercio de emisiones de la UE, y que no se penalice a los sectores al margen de dicho régimen.
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