El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado un Real Decreto por el que se regula el Fondo de Carbono para una Economía Sostenible, que está destinado a ser una herramienta de apoyo a la transformación del sistema productivo español en un modelo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, impulsando la actividad de las empresas en los sectores asociados a la lucha contre el cambio climático mediante la adquisición de créditos de carbono. De este modo, se contribuye al cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones asumidos por España.

La Ley de Economía Sostenible introdujo en el ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear aquellas condiciones que favorezcan un desarrollo económico sostenible. Entre estas medidas, el artículo 91 de la Ley crea un Fondo para la compra de créditos de carbono adscrito a la Secretaría de Estado de Cambio Climático, cuyo funcionamiento se regula en este Real Decreto.

Transparencia y buena gestión

El Fondo incrementará la transparencia y buena gestión de los recursos públicos invertidos en los mercados de carbono, fortaleciendo la coherencia de las decisiones con los objetivos del Gobierno en la política de lucha contra el cambio climático. Estará gestionado por un Consejo Rector, presidido por la Secretaria de Estado de Cambio Climático, que establecerá las prioridades, tanto para las actuaciones relacionadas con los mercados internacionales de carbono, como para las que se realicen en el territorio nacional, promoviendo la reducción adicional de emisiones de gases de efecto invernadero más allá de lo establecido en la normativa sectorial.

En ambos casos, y de manera congruente con los objetivos de la Ley de Economía Sostenible, la actividad del Fondo tendrá por finalidad impulsar la actividad económica por parte de las empresas españolas en los nuevos sectores asociados a una economía baja en carbono, generando nuevas oportunidades de creación de empleo.

Con este Fondo el Gobierno de España, al igual que han hecho otros países de la Unión Europea, se dota de un instrumento eficiente para dar continuidad a su participación en los mercados de carbono, lo que permite aprovechar las oportunidades que éstos ofrecen, no sólo para contribuir al logro por parte de España de sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, sino para promover nueva actividad en sectores asociados a la lucha contra el cambio climático.