Ante la nueva negativa del Comité de Gestión de la UE, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas agro-alimentarias redoblarán sus esfuerzos para que el almacenamiento privado sea una realidad en breve. En este sentido, reclaman que se realicen las gestiones políticas necesarias al más alto nivel y que intervenga el propio Presidente del Gobierno, Jose Luís Rodríguez Zapatero.
De nada ha servido facilitar al Comisario del ramo toda la información adicional que requirió en su última visita a España, para justificar la decisión de permitir el almacenamiento. Tampoco ha servido que otros países apoyaran a España, como Grecia, Italia, Portugal, Polonia, Chipre y Francia. Esta postura del Comité de Gestión contrasta con la “agilidad” con la que se atienden las peticiones procedentes de países con mayor capacidad de influencia, como Alemania o Francia (así ocurrió, por ejemplo, con la activación del almacenamiento privado de la carne de porcino).
Ante esta situación, las organizaciones agrarias y cooperativas continúan trabajando en la planificación de la tercera manifestación del calendario que reunirá mañana en Toledo a miles de olivareros de todas las zonas productoras de España. ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas animan a todos los productores a participar de forma masiva y contundente para que la voz del sector se escuche con toda su fuerza en Bruselas.
La situación de precios en origen continúa siendo dramática. Por tercera campaña consecutiva, las cotizaciones medias se encuentran por debajo de los costes de producción: el precio medio apenas ha superado en el último mes los 1,84 €/kg (según Poolred) mientras que los costes acumulados de aceite de oliva a la salida de almazara son de 2,491 €/kg (Observatorio de precios de los Alimentos del MARM).
En la actualidad, el umbral que permite activar el almacenamiento privado está en 1,77 €/kg de aceite de oliva virgen extra y 1,71 €/Kg para el aceite virgen y 1,52 €/Kg para el lampante, precios muy alejados de los costes del sector y fijados en 1997/98. Es precisa la actualización, al menos a un nivel de 2,20 €/kg a fin de que se refleje el incremento de los costes de producción y el mecanismo previsto sea verdaderamente operativo y útil para el fin para el que fue instaurado.
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