Castigo a la agricultura productiva y generadora de empleo

La Agencia Andaluza del Agua incrementa el canon de regulación de los embalses un 20% de media en la Cuenca del Guadalquivir. En Granada la subida es del 30%, con picos aún más elevados como en el sistema Cubillas-Colomera que alcanza el 50%.

Como nos temíamos la Ley de Aguas (Ley 4/2010 de 8 de junio) en vigor desde septiembre de 2010 ha venido a dar un castigo a la agricultura productiva y generadora de empleo, legislando una vez más en contra de los regantes. La Agencia Andaluza del Agua ha aprobado el nuevo canon de regulación para 2011 y el golpe ha sido brutal: se ha aprobado una subida media del 20% en la Cuenca del Guadalquivir, que en el caso de Granada aumenta hasta el 30% e incluso hasta el 50% en el sistema Cubillas-Colomera, multiplicándose aún más los costes de riego, ya sobrecargados con el incremento en el coste de las facturas de consumo eléctrico después de suprimirse las tarifas especiales aplicadas al mundo agrario.

El uso del dominio público hidráulico se había encarecido también en 2009 y el de 2010 y hay de hecho muchas liquidaciones de esos años recurridas por parte de los afectados. ASAJA GRANADA denunció los precios abusivos de ese impuesto y solicitó en el mes de julio, al director provincial de la Agencia Andaluza del Agua, como medida clarificadora, la revisión del valor asignado por hectárea de todos los cauces de la provincia en concepto de cuota de riego y el desglose en los recibos del importe unitario aplicado: por gastos de administración del organismo gestor, por consumo inferior o superior a la dotación del agua concedida, por gastos de funcionamiento y conservación de las obras realizadas y por amortización de las inversiones.

Nada ha frenado a la Administración autonómica en su afán recaudatorio, producto de la superadministración que ha generado tras asumir las competencias de la Cuenca del Guadalquivir que le traspasó el Gobierno. Su “brillante” idea para calcular los cánones y tarifas de 2011 que más arriba se explicitan fue imputar a los regantes el IBI de los embalses, cuando ni son propietarios ni tienen concesión administrativa sobre ellos, algo para echarse las manos a la cabeza. Ni más ni menos se está poniendo en riesgo la agricultura de regadío, que sustenta el 60% del empleo agrario andaluz (el 12% del empleo total) y le supone a Andalucía una balanza comercial positiva de 2.097 millones.