El miembro del Consejo de Administración de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad (Caja España-Caja Duero), y a la vez secretario general de ASAJA en Castilla y León, José Antonio Turrado, ha presentado hoy en los Juzgados de Primera Instancia de la capital leonesa una demanda de impugnación de determinados acuerdos adoptados en el Consejo de Administración en su reunión del 1 de octubre, la primera después de la fusión de las dos entidades que conforman la nueva Caja. También se han enviado sendos escritos a los organismos reguladores, el Banco de España y la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, para que declaren nulo el acuerdo que se impugna.

En dicha reunión del Consejo se hizo un “apoderamiento mancomunado” a catorce consejeros para adoptar los acuerdos que son competencia de la Comisión Ejecutiva, la cual se creó pero no se nombraron sus representantes porque algunas de las personas propuestas por sus partidos políticos eran cargos públicos electos y se veían afectados por las incompatibilidades establecidas en la nueva Ley que regula las Cajas de Ahorro de Castilla y León. Este apoderamiento contó con los votos en contra de los dos consejeros de ASAJA –Vicente de la Peña y José Antonio Turrado– en la entidad de ahorro. En opinión de los abogados del demandante, “este acuerdo se hizo con la intención de eludir la prohibición de que puedan pertenecer a los órganos de gobierno personas con causa de incompatibilidad por razones de cargo político, por lo que la decisión no unánime del Consejo representa un flagrante fraude de ley”.

Los consejeros de ASAJA en Caja España-Caja Duero, considerando conveniente el establecimiento de una Comisión Ejecutiva como órgano de gobierno de la entidad, exigen que los nombramientos que se produzcan se ajusten rigurosamente al Decreto Ley 2/2010, y por tanto que no tengan cabida los cargos políticos electos.