Ante la futura renovación del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, los consejeros de Agricultura de Murcia, Andalucía, Canarias y Valencia, principales comunidades autónomas productoras de tomate en fresco, firmaron ayer el documento “Declaración en Defensa del Sector Español Productor y Exportador de Frutas y Hortalizas”, con el fin de defender las producciones hortofrutícolas españolas y, en especial, la de tomate, frente a importaciones de terceros países. Esta declaración se trasladará a las instancias comunitarias y se dará cuenta de la misma al Gobierno de España.
Los Consejeros solicitan a la Unión Europea que no ratifique el acuerdo de asociación con Marruecos en los términos pactados. Piden que se modifique el documento y se incida en el cumplimiento de los términos recogidos en el acuerdo vigente.
Según los responsables autonómicos, el futuro acuerdo que se está negociando es muy negativo ya que supondrá una mayor concentración de producto en el mercado pues aumenta los contingentes de tomate marroquí que pueden entrar entre octubre a junio a los precios mínimos de entrada previstos desde marzo de 2000, establecidos en 460 euros por tonelada.
El nuevo acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea mantiene el mismo precio de referencia y no fija un mecanismo de control, por lo que es previsible que se mantenga, como hasta ahora, el mismo incumplimiento sistemático de los precios mínimos establecidos.
En el texto suscrito por las cuatro comunidades autónomas se insta a la Unión Europea a defender los intereses del sector, prevaleciendo el principio de preferencia comunitaria en cualquier acuerdo que cierre con países terceros. Exigen a las autoridades comunitarias que se cumplan los requisitos del acuerdo de asociación con Marruecos, tanto en las producciones de tomate como en el resto de productos hortofrutícolas afectados por estos intercambios comerciales, como los cítricos, el pimiento o la fresa.
Piden una reforma del régimen de precios de entrada, para evitar desequilibrios en los mercados y el hundimiento de precios en origen, y una mejora en su gestión para garantizar una correcta aplicación del acuerdo en vigor y el pago de los derechos de aduana específicos.
El documento incluye, asimismo, controles aduaneros en frontera más exhaustivos para asegurar el cumplimiento de los acuerdos en cada momento, así como intensificar los controles relativos a la seguridad alimentaria y una mayor reciprocidad en cuanto a los aspectos fitosanitarios, medioambientales y sociales.
Según los responsables autonómicos, el futuro acuerdo que se está negociando es muy negativo ya que supondrá una mayor concentración de producto en el mercado y devaluará todavía más los precios en origen. Los “incumplimientos” del acuerdo en vigor y el aumento de concesiones a países terceros sin respetar los precios de entrada están asfixiando a los agricultores.
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