. Las organizaciones del sector de frutas y hortalizas que forman parte del Comité Mixto franco-hispano-italiano, entre las que se encuentran ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas agro-alimentarias y FEPEX, han realizado una envío masivo de cartas a la atención de 250 europarlamentarios de las Comisiones de Agricultura, Empleo, Desarrollo Regional y Comercio Internacional, para reclamar su voto en contra de la renovación del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, pendiente de ratificación en el Parlamento Europeo.
Las organizaciones firmantes muestran en la misiva su gran preocupación ante el desenlace del proceso de negociación para el acuerdo de libre comercio y su impacto en el sector hortofrutícola europeo, por lo que ruegan a los representantes políticos comunitarios que “pongan en marcha las acciones que estén en su mano y que estimen convenientes en defensa de los agricultores europeos, sus organizaciones de productores y cooperativas”.
Tal y como se afirma en el contenido de la carta, el aumento de las concesiones comerciales en frutas y hortalizas es gravemente lesivo para el sector de la UE, más aún cuando se tiene constancia de la vulneración continuada del acuerdo en vigor. “Consideramos que no se han de ampliar las concesiones a Marruecos mientras no se asegure el seguimiento, control y cumplimiento estricto del acuerdo en vigor y por lo tanto no debe ser ratificada ninguna renovación del mismo”, recoge el escrito literalmente.
Por ello, agricultores españoles, franceses e italianos consideran imprescindible potenciar y coordinar los controles aduaneros de entrada de los productos de terceros países a la UE en los distintos Estados miembros, para asegurar que se cumplen los acuerdos. Así mismo, se ha de reformar el régimen de precios de entrada de la UE para mejorar su funcionamiento e impedir que se produzcan fraudes en las importaciones.
Por otro lado, en beneficio de la seguridad alimentaria y de los consumidores europeos, pero también para lograr la mejora de las condiciones de vida y trabajo en los países terceros mediterráneos, se considera necesario condicionar la apertura de los mercados europeos al cumplimiento de unos estándares mínimos en materia sociolaboral, ambiental y sanitaria de las producciones de terceros países.
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