Dirigentes y asociados de las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla-La Mancha, han organizado un acto de protesta, después de que el Partido Popular votara en contra de incluir en el Estatuto de Castilla-La Mancha medidas que garantizaran una reserva hídrica y un uso preferente del agua para esta región, traicionando, de esta manera, el compromiso que adquirió con la sociedad castellano-manchega.
Los representantes agrarios lamentan que quienes estuvieron de acuerdo con los intereses de la sociedad en Toledo, no lo estén ahora en Madrid negando a la región lo que ya han conseguido otras autonomías.
Es el caso de Aragón, en cuyo Estatuto se establece una reserva de agua para uso exclusivo de los aragoneses de 6.550 hm3 y se fija un principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Ebro.
Del mismo modo, las Organizaciones Agrarias tampoco entienden por qué no ha habido unanimidad a la hora de incluir en el Estatuto el derecho de nuestra Comunidad a participar en los órganos de planificación y gestión del agua como así lo reconocen otras autonomías como Andalucía y Aragón o bien Castilla y León y Cataluña, en las que, además, se incluye la necesidad de un informe preceptivo de la comunidad como trámite previo a cualquier trasvase de agua.
Es por ello que las Organizaciones Agrarias veían en el Estatuto la posibilidad de que la sociedad castellano-manchega diera un paso hacia delante en sus reivindicaciones en materia de agua, tal y como se ha demostrado en las numerosas movilizaciones secundadas por el conjunto de la sociedad, incluido el Partido Popular, en defensa del agua. Por ello, no dudarán en pedir explicaciones a quienes ahora se retiran de ese pacto social.
Los dirigentes agrarios lamentan la deuda histórica que en materia hídrica sufre esta región y subrayan que la superficie regable existente tan sólo representa un 11% respecto a la superficie cultivable, a diferencia del 17% que supone a nivel nacional, lo que merma las posibilidades de tener una agricultura competitiva. Según las OPAS, este desagravio se acentúa en una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha que tiene numerosos condicionantes que afectan a la producción agrícola y al desarrollo económico.
Por ello, con la misma unidad de acción que vienen demostrando en los últimos tiempos, las Organizaciones Agrarias van a seguir luchando no sólo por la defensa de los intereses hídricos de la sociedad castellano-manchega, sino también por que nadie rompa esa unidad de acción.
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