La Política Agrícola Común desempeña un papel fundamental para ayudar a los agricultores a producir bienes y servicios medioambientales, siempre que las políticas aplicadas se doten de las prioridades adecuadas. Ese es el mensaje esencial que contiene un informe publicado hoy, por encargo de la DG Agricultura y Desarrollo Rural, por el Instituto de Política Medioambiental Europea. Ese informe constituye la primera tentativa de identificar la gama completa de bienes públicos medioambientales producidos por los agricultores en toda Europa y expone los argumentos para sufragar su obtención a partir del presupuesto público. El estudio identifica el amplio abanico de bienes públicos medioambientales y sociales aportados por los agricultores europeos , incluidos los apreciados paisajes culturales 1 , algunas aves camperas en peligro de extinción en todo el mundo, como la avutarda y el águila imperial 2 , y los pastos ricos en especies que se encuentran en toda Europa. Además, los agricultores gestionan las tierras con vistas al almacenamiento de carbono y contribuyen al mantenimiento de aguas y suelos de alta calidad. Los resultados de este estudio se publican justo en un momento en el que se está intensificando el debate sobre el futuro de la PAC y en el que se están debatiendo los objetivos y las prioridades de la PAC para el periodo posterior a 2013. El estudio concluye que una política bien definida, con objetivos claros y recursos presupuestarios suficientes, será esencial para asegurar una la aportación de bienes públicos que responda a las expectativas de la sociedad .

El estudio demuestra que los ciudadanos europeos otorgan un valor especialmente elevado esos bienes públicos, aunque los hechos indican que la provisión de los mismos se mantiene a una escala insuficiente. Según indica el documento, la PAC dispone de una serie de medidas que ayudan a los agricultores a producir bienes públicos. La combinación de pagos directos y condicionalidad sostiene un nivel básico de provisión de bienes públicos en una amplia proporción de las superficies agrícolas de la UE. Las medidas de desarrollo rural, como la agroambiental, ofrecen a los agricultores los incentivos necesarios para producir un variado catálogo de bienes públicos con arreglo a criterios más específicos.

El informe concluye que la oferta de muchos de esos bienes públicos es insuficiente. La escasez de la oferta de bienes públicos probablemente se acentúe en el futuro ante dificultades como las tendencias de los precios de los bienes de consumo, los factores tecnológicos y las repercusiones del cambio climático, lo que apunta a la necesidad de un mayor grado de intervención pública en el futuro.

El informe puede descargarse abriendo el enlace siguiente: