La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG Andalucía, valora positivamente el anteproyecto de Ley de Aguas que hoy aprobará el Consejo de Gobierno para posteriormente remitirlo al Parlamento Andaluz. Esta organización agraria ha participado desde el principio en todo el proceso de elaboración de este documento, trasladando propuestas y corrigiendo aquellos aspectos que considerábamos que no redundaban en defensa del interés general.
En ese sentido, desde COAG estamos satisfechos por la inclusión de criterios como la cohesión territorial, la generación de empleo y la sostenibilidad, que han de orientar la planificación de un bien público como el agua o el reconocimiento de la agricultura como un uso específico diferenciado del resto. Igualmente nos parece fundamental el protagonismo del Banco Público del Agua, como garante de transparencia y mecanismo de control para evitar el mercadeo entre particulares de este recurso.
En ese sentido, una de las cuestiones que COAG consideraba fundamentales era la eliminación del artículo 48, que establecía la posibilidad de que los titulares de derechos públicos de uso del agua la transfirieran a favor de no concesionarios. Esta organización agraria entendía que establecer un canal alternativo al Banco Público para realizar transacciones con este recurso significaba algo inaceptable: la mercantilización del mismo. Este análisis ha sido respaldado recientemente por el dictamen del Consejo Consultivo, algo que COAG ha acogido con gran satisfacción. Actualmente existe un compromiso por parte de la Consejería de Medio Ambiente para que este artículo finalmente no forme parte de la Ley.
En definitiva, esta organización agraria considera que el documento que hoy aprueba el Consejo de Gobierno es positivo, porque ha alcanzado un importante grado de consenso y participación, y espera que los flecos que quedan pendientes se resuelvan durante el período de tramitación en el Parlamento Andaluz. Durante este proceso, seguiremos abundando en la necesidad de reconocer la agricultura como uso prioritario, por su gran importancia para la economía de nuestra comunidad, al configurarse como el principal sector vertebrador del territorio y generador de empleo.
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