El Ejecutivo estatal tramita en estos momentos el documento que sustituirá al actual Plan Nacional de Regadíos aún vigente, y que será denominado Estrategia Nacional para la Sostenibilidad de los Regadíos, el cual determinará las próximas inversiones del Estado en materia de regadíos hasta el año 2013. Por ello, Feragua y la Federación de Arroceros de Sevilla van a dirigirse al Gobierno central, y más concretamente a su Ministerio del Medio Ambiente, Rural y Marino para que declare de interés general el proyecto de modernización de la zona arrocera de las Marismas del Guadalquivir, declaración sin la cual este proyecto se quedaría sin la correspondiente financiación pública del Estado.

Regantes y arroceros van a pedir al Gobierno andaluz y particularmente a las consejeras de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, y de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que se sumen a esta solicitud y “hagan presión” en Madrid para garantizar la financiación estatal de este proyecto, que en estos momentos está acabando de redactar la consultora Ayesa y que está planteado en dos fases, con un coste global previsto de unos 200 millones de euros.

Tanto Feragua como la Federación de Arroceros coinciden en calificar de “vital” la ejecución urgente y financiación pública de la modernización de la zona arrocera de las Marismas del Guadalquivir, dada la complicadísima situación que atraviesa el sector, como consecuencia de las modificaciones que se han producido en el estuario del Guadalquivir, donde la salinidad alcanza en algunos puntos los siete gramos de sal por litro, una concentración cuatro veces superior a la admitida para la siembra del arroz.

La obras de modernización que están planteadas –y cuyo proyecto acabará de ser redactado por Ayesa antes de que finalice el año- pasan por hacer una captación única, aguas arriba del Guadalquivir, evitando la influencia mareal del Atlántico, y canalizarla hacia el sector en una única estación de bombeo hacia la margen derecha e izquierda del Guadalquivir donde se siembra las 36.000 hectáreas de arroz. Con ella se evitaría la influencia del tapón salino y la pérdida de agua para luchar contra la salinidad, uno de los principales problemas que padece el cultivo. Al mismo tiempo, supondría un ahorro de energía, cuantificada en más del 30%, y del agua desembalsada de la regulación general con el objetivo de luchar contra la influencia mareal del Atlántico (tapón salino). En concreto, se ahorrarían más de 160 hectómetros cúbicos/año. A esto hay que añadir, la ventaja tanto para los arroceros como los regantes de la cuenca del Guadalquivir en general, que podrían regar con un agua dulce o no salinizada.