La normativa europea sobre bienestar animal y, concretamente, el endurecimiento de las medidas durante el transporte animal (Reglamento 1/2005), que previsiblemente aprobará Bruselas este mismo mes de mayo supondrá, según los portavoces de diferentes asociaciones de productores, pérdidas millonarias para el sector ganadero español, “especialmente afectado por su situación geográfica en el mapa de Europa”.

La DG-SANCO ha propuesto disminuir la densidad de animales en los vehículos y prohibir el transporte de animales con destino a sacrificio cuando la duración del viaje supere las 9 horas.

La Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (ASOPROVAC) valora en más de 40 millones de euros las pérdidas para nuestro país derivadas de la mencionada modificación del Reglamento 1/2005 , “y eso sólo si tenemos en cuenta -afirman- las pérdidas derivadas del cese de las actuales exportaciones españolas de terneros a otros países comunitarios”.

También la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (ANPROGAPOR) ha dado sus cifras. En su caso la medida afectará a cerca de 900.000 cabezas con destino, sobre todo, a Francia, Italia y Portugal, lo que originará pérdidas superiores a los 103 millones de euros.

Además, según cifras facilitadas por la Asociación Nacional de Transportistas de Animales (ANTA), el coste administrativo y burocrático derivado de la normativa sobre bienestar animal en el transporte ha supuesto a lo largo de los 12 últimos años nada menos que los 27.000 millones de euros -2.250 millones de euros cada año-. “Es por este motivo –dicen desde la Asociación- que Bruselas ha decidido reducir el papeleo y recurrir a las nuevas tecnologías, cargando las tintas sobre el incremento de los sistemas de navegación por satélite (GPS)”.

El coste actual del incremento de los sistemas de localización en una empresa oscila, entre los 4.000 y 5.000 € en una primera inversión de equipo, a lo que hay que sumar un coste fijo anual que oscila entre los 2.000 y 3.000 €.

En contrapartida la DG-SANCO afirma que “mantener unos niveles más elevados de bienestar de los animales conlleva costes de producción y de transporte, sólo ligeramente más altos, que, además, pueden compensarse por la menor incidencia de enfermedades”. Asegura que, el coste adicional de producción de un huevo puesto por gallinas ponedoras criadas en un establo en lugar de por gallinas ponedoras criadas en jaulas en batería, se eleva a sólo 1,3 céntimos de euro, y el coste adicional de producir un huevo de granja a tan sólo 2,6 céntimos.

Sin embargo, un estudio publicado por la Universidad de Wageningen (Holanda), sobre los costes de producción del huevo en varios países comunitarios y terceros estima que la aplicación de la Directiva 1999/74 que establece las normas de bienestar para las gallinas supondrá como media un incremento adicional del 8% en el coste para las producciones comunitarias. Además, la Organización Interprofesional española del huevo y sus productos (INPROVO) afirma que, una vez valorados los datos aportados por los principales fabricantes de jaulas, el sector productor de huevos en España se verá obligado a desembolsar 600 millones de euros para adaptar sus instalaciones a la mencionada normativa.

EL EPICENTRO DEL DEBATE INTERNACIONAL SOBRE BIENESTAR ANIMAL SE DESPLAZA LA SEMANA QUE VIENE A TOLEDO

Estas discrepancias entre políticos y sector serán profusamente debatidas durante el 1er Encuentro Internacional sobre Protección y Bienestar Animal en la producción pecuaria, que se celebra del 11 al 13 de mayo en Talavera de la Reina, una zona eminentemente ganadera, con especial tradición en producción intensiva, “de forma que- explican desde la Secretaría General del encuentro- consigamos desplazar el centro de gravedad del conocimiento en bienestar animal desde el norte hacía el sur de Europa, difundiendo los grandes avances que se han hecho en nuestro país en esta materia”.

El encuentro ha sido estructurado en distintos grupos de trabajo integrados por profesionales y representantes de organizaciones con puntos de vista muy diferentes: asociaciones ganaderas, de transportistas, industrias cárnicas, organizaciones proteccionistas, técnicos consultores, instituciones europeas, universidades, centros de investigación, etc. “De esta manera –aseguran- se facilita el contacto directo y el debate con los representantes de la Unión Europea y otras instituciones implicadas (OIE, EFSA, etc.) en la toma de decisiones sobre bienestar animal, tratando de aportar soluciones sobre lo que ya esta legislado o se pueda legislar en un futuro inmediato”.