Valencia, 7 de abril de 2009.- El informe sobre la Cadena de Valor de los Cítricos presentado el viernes por el Ministerio de Medio Ambiente no cree necesarias reformas urgentes en beneficio del citricultor. La sorprendente conclusión del Gobierno central se basa en el supuesto hecho de que el margen del productor fluctúa “fuertemente entre pérdidas y ganancias de una campaña a otra” por lo que, en palabras del director general de Mercados Alimentarios, Francisco Mombiela, “el objetivo de la rentabilidad de la etapa de producción debe plantearse a medio-largo plazo”. Para el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, negar la “evidencia de la ruina del citricultor es puro cinismo. Es como decirle a alguien que está en la UCI que tenga paciencia, que puede seguir tranquilamente en la cama postrado durante meses o años, porque no hay prisa”.

El estudio encargado por el Observatorio de Precios del MARM toma como referencia para analizar el proceso de conformación de los precios en los cítricos los datos de la campaña 2007/08. Una temporada que, por cierto, el propio informe matiza que fue “atípica” ya que “debido a la menor producción se produjo un sensible incremento de los precios con respecto a campañas anteriores, especialmente en origen”. Efectivamente, conviene recordar que la temporada pasada estuvo marcada por una drástica e histórica reducción de la cosecha, con más de un millón de toneladas menos de lo que venía siendo habitual. “Si algo es ‘atípico’ es porque es diferente a lo normal. En sólo una de las últimas cinco campañas el citricultor tuvo algún beneficio, en el resto sólo acumuló pérdidas, pero se ve que para el Gobierno la excepción es la norma”, denuncia Aguado.

Mombiela, eso sí, fue certero en su diagnóstico sobre las obligaciones que a este respecto debería tener la Administración. Para el alto cargo ministerial, el Gobierno debe “promover un marco legislativo que impida abusos, propiciar el encuentro de todos los eslabones de la cadena y crear los instrumentos necesarios a favor de la transparencia”. Recientemente, el propio Parlamento Europeo emitió un informe en esta misma línea en el que se llamaba tanto al ejecutivo comunitario como a los Estados miembros a legislar para minimizar los “abusos” que la gran distribución está ejerciendo contra los productores y aprobar mecanismos con los que aumentar la “transparencia” en la cadena alimentaria. En lugar de hacer tal cosa, Mombiela sugirió que el sector debiera “reaccionar” creando estructuras organizativas “capaces de adecuar la oferta a la demanda del mercado a través de la producción”.

Para Aguado resulta “inconcebible” que “en vez de encargar estudios para cumplir con la obligación de la Administración y con el mandato europeo proponiendo actuaciones en favor del eslabón más débil, se manipule la realidad y además se inste al sector poco menos que a sacarse el sólo las castañas del fuego”.