En los últimos días, los agricultores y ganaderos de la provincia de Huelva se están viendo sometidos a situaciones de presión y acoso difícilmente soportables. En un momento en que la situación de crisis afecta a toda la población y, muy especialmente, al sector agrario, observamos que desde las distintas administraciones se está llevando a cabo una persecución injustificada a los profesionales del campo, especialmente en lo que respecta a la Jefatura Provincial de Tráfico y a la Inspección de Trabajo. La intensidad de ciertos controles es desproporcionada, mientras, curiosamente, otras actividades empresariales reciben un tratamiento mucho más benévolo e incluso, en ocasiones, deliberadamente laxo.

En los últimos tiempos, estamos viendo que las autoridades en materia laboral y de seguridad nos sitúan en el punto de mira, arrojando una sombra de sospecha sobre los profesionales agrarios. Somos sometidos a exhaustivas inspecciones laborales, por parte de personas que en ocasiones presentan una actitud impropia, poniendo en cuestión nuestra legalidad de forma injustificada y generando un desagradable ambiente de duda y desconfianza.

Lo mismo ocurre con los controles de tráfico, que supervisan el transporte de nuestras mercancías de forma incisiva y extremadamente rigurosa, un exceso de celo que no se aplica a la vigilancia de los campos, de ahí la gran cantidad de robos que están esquilmando las explotaciones de nuestra provincia.

Por si esto fuera poco, los profesionales agrarios debemos cumplir requisitos sanitarios a veces arbitrarios y a menudo sufrimos los efectos de una burocracia que parece interminable, mientras vemos cómo las cotizaciones a la seguridad social se modifican y experimentan subidas constantes, al igual que lo hacen los costes de producción, en un mercado dominado por la gran distribución, que impone sus normas por encima incluso de las Administraciones, especulando con nuestros productos, a costa de los agricultores y también de los consumidores.

A esto hay que sumarle la actitud reticente de los bancos, que se niegan a conceder créditos, y también las circunstancias y vicisitudes propias de la actividad agraria: nuestro sector fresero, puntal fundamental de la economía de la provincia, se encuentra en situación límite, ante la sucesión de varias malas campañas y las pérdidas que sufrirán en ésta, debido a las heladas y al retraso en el período de recolección.

Por todo ello, la situación de los agricultores y ganaderos onubenses es desesperada. Muchos profesionales se plantean el abandono de la actividad y el relevo generacional es prácticamente nulo, lo que puede derivar en el despoblamiento del medio rural, el deterioro medioambiental y el desmantelamiento de sectores productivos que proporcionan alimentos básicos.

Es pues necesario que las políticas que se aplican al sector agrario den un giro de 180º. En estos momentos difíciles, no necesitamos que arrojen dudas sobre nosotros, pequeños profesionales que cumplimos una labor tan fundamental para la sociedad como es la producción de alimentos. Antes al contrario, hoy más que nunca las administraciones deben vigilar que se cumpla la legalidad, sí, pero no sólo en las explotaciones agrarias, sino también para frenar los abusos que la gran distribución comete, aprovechando su posición de dominio, y las importaciones de terceros países que hacen competencia desleal a nuestras producciones.

Por eso, es momento de que, desde las instituciones públicas y privadas se empiece a mimar y respetar a los agricultores y ganaderos, personas de campo que se ganan la vida honradamente, antes de que la desidia institucional y los abusos por parte de los especuladores los conviertan en una especie en serio peligro de extinción.