La declaración del G-8 sobre seguridad alimentaria global incluye una determinación de llegar a suministrar 10.000 millones de dólares en ayudas para paliar la crisis de altos precios de los alimentos, en medidas como ayuda alimentaria, actividades de protección social o para aumentar la productividad agraria de los países más afectados, y en particular suministrando semillas y fertilizantes para la próxima siembra. El comunicado señala como de la máxima importancia las actuaciones que tengan como objetivo incrementar las producciones locales de estos países.

El G-8 señala que la seguridad alimentaria requiere un mercado de productos agrícolas “robusto” por lo que es deseable llegar a un acuerdo ambicioso dentro de la Ronda de Doha..

Los países reconocen la necesidad de una serie de medidas a medio largo plazo, que serían las siguientes:

– Detener el actual declive de las inversiones en el sector agrario en los países en desarrollo, especialmente en África.

– Apoyar el objetivo de un aumento anual de un 6,2% de la productividad de la agricultura en África y el objetivo de lograr duplicar la producción de alimentos básicos en los países africanos de una forma sostenible, que mantenga la estructura de pequeños agricultores.

– Promover la investigación agraria mediante formación de científicos locales en particular a través del grupo internacional de investigación agraria del CGIAR y de la Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA).

– Apoyar el desarrollo de infraestructuras, como regadío, transporte, almacenamiento, distribución, control de calidad etc.

– Establecimiento de sistemas de alerta de crisis de seguridad alimentaria.

– Apoyar los esfuerzos de las entidades financieras internacionales

– Acelerar la investigación e incrementar el acceso a las nuevas tecnologías agrícolas que puedan incrementar la producción, incluyendo las variedades desarrolladas a través de la biotecnología.

– Apoyar las iniciativas de los países para la adaptación al Cambio Climático y lucha contra la desertificación.

– Asegurar la compatibilidad de las políticas de producción y uso de biocarburantes con la seguridad alimentaria.

– Promover el buen gobierno en los países en desarrollo, en particular en los aspectos relacionados con la seguridad alimentaria.