ASAJA, COAG y UPA instan al gobierno a fijar servicios mínimos que garanticen operaciones de transporte vitales para el sector agrario

Entendiendo las reivindicaciones del sector del transporte, que consideramos lógicas, resulta imprescindible para muchas explotaciones agrarias, que ya atraviesan por graves problemas económicos, poder realizar ciertas operaciones de transporte inaplazables tales como la recogida de leche, envío de animales a matadero y recogida de cadáveres de las explotaciones, suministro de piensos o recogida de productos perecederos como frutas y hortalizas

Madrid, 11 de junio 08. Las principales organizaciones agrarias de ámbito estatal, ASAJA, COAG y UPA, han solicitado hoy a la Administración central que fije unos servicios mínimos que garanticen operaciones de transporte vitales para el sector agrario.

Es imprescindible para muchas explotaciones agrarias, que ya atraviesan por graves problemas económicos, poder realizar ciertas operaciones de transporte inaplazables, como son la recogida de leche, envío de animales a matadero, recogida de animales muertos en las explotaciones, suministro de piensos o recogida de productos perecederos como frutas y hortalizas para evitar pérdidas millonarias en el campo. En este sentido es necesaria también la implicación de las autoridades nacionales y comunitarias para que se mantengan abiertos corredores de tránsito para el transporte por carretera, ya que, en el caso concreto de las fruta de hueso, producto que se encuentra en plena campaña de recolección y exportación, no existe alternativa a este medio de locomoción.

Asimismo, ASAJA, COAG y UPA han querido transmitir su comprensión y apoyo ante la problemática que están sufriendo los profesionales del sector del transporte por carretera. El sector agrario sufre un problema similar por el incremento desmesurado de los costes de producción que afecta al gasóleo, fertilizantes, piensos, electricidad, fitosanitarios, etc., que está poniendo en jaque la viabilidad de muchas explotaciones.

Corresponde al Gobierno garantizar los derechos básicos como el derecho a la huelga y evitar problemas económicos y/o ambientales derivados de la imposibilidad de sacar productos perecederos de las explotaciones agrarias.