25 de julio de 2007. UPA se ofrece a tramitar una reclamación patrimonial a los agricultores que se hayan visto afectados por la tularemia como consecuencia de la plaga de topillos, para que los afectados puedan solicitar y exigir ayudas específicas por los daños económicos que sufran como consecuencia de su baja laboral.

En este sentido UPA pondrá a disposición un modelo estandar de solicitud que los afectados podrán cumplimentar en nuestras oficinas para que posteriormente nuestra organización presente las reclamaciones oportunas ante la Junta de Castilla y León.

Además la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) presentará ante el Gobierno regional y ante las delegaciones del Gobierno central un escrito en el que se detalla la situación actual que sufren los agricultores en su trabajo diario y las circunstancias que están sufriendo en materia de riesgo laboral como consecuencia de la plaga de topillos con el rebrote de casos de tularemia.

Por este motivo UPA ha solicitado a la Junta de Castilla y León y al Goobierno que se considere formalmente la tularemia como enfermedad profesional en la agricultura dentro de los riesgos laborales a los que están sometidos los trabajadores del campo. Así lo establece la Organización Internacional del Trabajo, y por este motivo nuestra organización demanda que dentro de sus competencias implanten sistemas de información adecuados que permitan la elaboración, junto con las autoridades laborales competentes de riesgos laborales, de estudios epidemiológicos para la identificación y prevención de patologías.

En este sentido UPA pide que la tularemia sea considerada enfermedad laboral y que por lo tanto institucionalmente se reconozca esta situación que sigue afectando a los agricultores de la región como consecuencia de la plaga de topillos declarada por la Junta de Castilla y León.

El documento que registraremos en las próximas horas en las delegaciones territoriales de la Junta y en las subdelegaciones del Gobierno esperemos sea tenido en cuenta, ya que en materia de prevención las administraciones competentes deben velar por la mejora de las condiciones de trabajo, y por lo tanto por la protección de la seguridad y salud de los agricultores.