Madrid, 8 de junio de 2007. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), ha remitido una carta a las Ministras de Sanidad y Consumo y de Agricultura respectivamente en la que les vuelve a exigir la supresión del certificado veterinario que es obligatorio para el sacrificio de bovinos, ovinos y caprinos, desde su implantación en enero de 2001. UPA considera que durante los 6 años de vigencia se ha demostrado que el certificado resulta totalmente ineficaz en su objetivo puesto que no aporta ninguna garantía adicional en el control de la enfermedad de las vacas locas (EEB) ni en materia de seguridad alimentaria y por lo tanto es inútil que se mantenga.

UPA considera que nunca ha existido ninguna justificación ni técnica ni científica que avale la permanencia del certificado veterinario como garantía sanitaria y que sólo por razones de índole política se puso en marcha para intentar responsabilizar y culpabilizar a los ganaderos a raíz del estallido de la crisis de las vacas locas. Las medidas realmente eficaces para garantizar la seguridad alimentaria de la carne que consumimos son la realización de tests en mataderos a los rumiantes de determinada edad, así como la retirada de los MER en mataderos y salas de despiece. Estas medidas se cumplen escrupulosamente en España.

Desde UPA se insiste en que el certificado veterinario no aporta nada en materia de seguridad alimentaria. En este sentido, cabe mencionar que todos los animales que han resultado positivos al test de detección de la EEB iban acompañados del correspondiente certificado veterinario, lo cual evidencia que dicho certificado no aporta ninguna garantía al consumidor adicional a lo recogido en la guía sanitaria Además, siendo consultada la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) sobre este particular responden que es un problema exclusivamente español, al no existir certificado veterinario en ningún otro país de la UE lo cual supone un desfase legislativo importante .

Por otro lado, hay que denunciar que mayoritariamente los certificados son emitidos por los veterinarios sin ni siquiera ver a los animales lo que supone una estafa para los ganaderos ya que han de pagar entre 3 y 24 euros por dicha certificación. Otra incoherencia importante es que los animales que se sacrifican en España importados de otros países no necesitan este requisito legal.

UPA recuerda que la supresión de este certificado era una de las prioridades de la actual Ministra de Agricultura, Elena Espinosa, que se comprometió a su eliminación a finales del año 2004; transcurridos más de dos años parece que no tiene visos de cumplir su compromiso.