La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia por no haber transpuesto adecuadamente la directiva comunitaria de la Protección Integrada contra la Polución (conocida como la Directiva de la IPPC) a la normativa nacional. Esta directiva tenía que implementarse en 1999. España adoptó una normativa en 2002 pero tenían deficiencias en tres importantes pilares de la directiva: el período de transición para nuevas instalaciones, provisiones para la renovación de permisos y autorización para instalaciones existentes.

Varios países comunitarios, como Dinamarca, Austria e Irlanda han sido anteriormente amonestados por la Comisión por un mal cumplimiento de la directiva.

La Directiva de la IPPC, aprobada en el 96, va dirigida a prevenir, reducir y eliminar la polución a través del uso eficiente de los recursos naturales y del establecimiento de un amplio sistema integrado comunitario. El ámbito de actuación de esta directiva es la industria pesada, de minerales, químicas etc, pero además, también se introdujo cierto tipo de explotaciones ganaderas e industrias alimentarias, a pesar de que en su momento ya se planteó, sin éxito, que no era posible incluir dentro del mismo saco, desde un punto de vista medioambiental, a una industria de la metalurgia y a una explotación de cerdos.

Las explotaciones ganaderas que se deben ajustar a la directiva son las de más de 40.000 aves de corral, o más de 2.000 plazas de cerdos de cebo o más de 750 cerdas. Las industrias agroalimentarias son ciertos mataderos, ciertos centros de tratamiento y transformación de leche y plantas de eliminación de canales, tratamiento y transformación de productos alimenticios.