Toledo, 15 de septiembre de 2006. La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha ha manifestado que las medidas que prevé aprobar hoy el Consejo de Ministros para paliar los efectos de la sequía responden a un planteamiento puramente político ya que excluyen a la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos cuyas explotaciones han sido afectadas por la falta de agua.

Según ASAJA de Castilla-La Mancha, son muy pocos los agricultores y ganaderos castellano-manchegos los que van a poder beneficiarse de estas ayudas dirigidas exclusivamente a los regantes que hayan tenido menos del 50 por ciento del agua que necesitan para sus cultivos.

La Organización Agraria matiza que en nuestra región la mayor parte de los regantes utilizan aguas subterráneas y muchos de ellos están enclavados en acuíferos sobreexplotados por lo que el uso del agua se hace según un plan de extracciones previamente determinado. No ocurre lo mismo –según ASAJA de CLM- en la cuenca del Segura en donde los regantes de aguas superficiales usan el agua en función de las dotaciones que se aprueben y, por tanto, resulta más fácil demostrar las deficiencias que han tenido.

Asimismo, ASAJA de Castilla-La Mancha asegura que la sequía ha afectado a agricultores, no sólo de regadío sino también de secano que, en determinados cultivos y zonas de esta región, han visto reducidas drásticamente sus cosechas, así como, a ganaderos.

La Organización Agraria apunta que el Gobierno central debería considerar estas cuestiones y aprobar un paquete de medidas eficaces porque “las ayudas que prevé aprobar son totalmente publicitarias y políticas para contentar a los regantes del Levante”.

Por otra parte, ASAJA de Castilla-La Mancha ha valorado que el Gobierno central apruebe medidas para la gestión de los acuíferos sobreexplotados de la cuenca del Alto Guadiana, que prevé la compra por parte del Estado de las concesiones privadas de agua y así recuperarlas para la titularidad pública y poder ofrecerlas en el Centro de Intercambio de derechos de agua.

Según la Organización Agraria, con esta decisión se despejan los obstáculos legales para la aprobación del Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), cuya negociación deberá reanudarse en próximas fechas puesto que todavía quedan asuntos pendientes de resolver.