Madrid, 5 de julio de 2006.- Ni la Administración central, ni la comunitaria han sido capaces de mostrar la mínima sensibilidad con los productores de ovino y caprino y han ignorado la petición unánime del sector de reducir el período de retención de 100 días de los animales en la explotación. Con esta negativa los animales deberán permanecer prácticamente hasta finales de agosto en las explotaciones, lo que supondrá graves perjuicios para los ganaderos tanto por el sobrecoste en alimentación del ganado como por las dificultades para el sacrificio y la comercialización en estas fechas.

ASAJA no puede entender como una petición razonable y plenamente justificada como ésta ha sido denegada por Bruselas, máxime cuando la pasada campaña la Comisión autorizó recortar dicho período de retención obligatoria de 100 a 60 días. Esto demuestra, una vez mas, la falta de capacidad negociadora de nuestro ministerio de Agricultura ante las instancias comunitarias. Además, mucho nos tememos que ésta negativa tiene que ver con la decisión adoptada por el gobierno español de aprobar el desacoplamiento parcial de las ayudas en vez del desacoplamiento total por el que se inclinaba Bruselas.

Si España hubiera optado por ésta segunda vía, este requisito hubiera desaparecido con lo que no tendríamos que solicitar ninguna medida excepcional ante las instancias comunitarias y los ganaderos tendría libertad total para gestionar su explotación de la mejor manera posible. Sin embargo, ahora se ven obligados a afrontar prácticamente todo el verano con los animales en la explotación lo que va a provocar un fuerte incremento de costes en la alimentación (10 euros por animal) y dificultades añadidas para el sacrificio y la venta de los animales (precios muy bajos).

Además de los perjuicios económicos ya mencionados, la decisión del gobierno español de no adoptar el desacoplamiento total de las ayudas puede tener otros efectos hasta ahora no previstos por la Administración central. La Comisión europea puede abrir expediente sancionador a España por incumplimiento de la normativa comunitaria que establece como fecha límite para solicitar la prima el 30 de abril de 2006, y que el ministerio de Agricultura decidió ampliar hasta el 15 de mayo, sin consulta previa, junto con la solicitud de Pago Único.

Con todo ello, el único y verdadero perjudicado es el ganadero español de ovino y caprino, por lo que confiamos que, tras este duro varapalo, el gobierno español cambie lo antes posible su errónea política sobre el desacoplamiento parcial de las ayudas y así podamos evitar males mayores en el futuro.