La Organización Mundial del Comercio (OMC) dictaminará en contra de la Unión Europea en la apelación del contencioso de los productos transgénicos, planteado contra la UE por Estados Unidos, Argentina y Canadá. Además se condena también las prohibiciones nacionales de determinados OMG, basadas también en motivaciones políticas, que estuvieron en vigor en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Luxemburgo.
El pasado mes de febrero, la OMC comunicó a las partes que la denominada “moratoria de facto” de la UE sobre la aprobación de nuevos OMG, que la UE mantuvo durante seis años, hasta 2004, era carente de toda base científica y estaba en contra de de los tratados comerciales, al denegar el libre comercio y la libre elección por parte de los consumidores. Esta «moratoria de facto», cuya condena se ve ahora confirmada, consistió en un parón administrativo de las tramitaciones de nuevos OMG, que carecía de base legal alguna.
El principal prejuicio directo para EEUU, que solicitará a la UE compensaciones por 1.800 millones de dólares, fue el desvío que se produjo en cuanto al origen de las importaciones de maíz en régimen preferencial, que tienen como destino principal España y Portugal. Las importaciones de maíz de EEUU no son deseadas por los operadores debido a que en ese país se cultivan algunas variedades de OMG que no están autorizadas en la UE. Por este motivo, desde hace años prácticamente todo el maíz preferencial que se importa en la UE procede de Argentina, que no es que esté libre de transgénicos, ya que también en Argentina se cultivan, sino a que Argentina sigue la política de aprobar los nuevos OMG a la par que los autoriza la UE.
Aunque teóricamente la moratoria finalizó en 2004, lo cierto es que desde entonces las aprobaciones de nuevos OMG han sido muy lentas y siguiendo un complejo y atípico procedimiento burocrático, en el que las aprobaciones las ha tenido que asumir la propia Comisión Europea, ante el agotamiento del trámite administrativo por falta de acuerdo a favor o en contra por parte de los Estados Miembros, motivado por la postura de ciertos países, entre ellos España, que votan en contra o se abstienen en las aprobaciones de nuevos OMG, no por sus características concretas que pudieran suponer algún riesgo, sino por una postura política de carácter general sobre la biotecnología agraria.
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