Toledo, 28 de febrero de 2006. Ante la polémica que han suscitado las declaraciones efectuadas días atrás por dirigentes de la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Castilla-La Mancha en relación a la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del vino y su repercusión en el viñedo castellano-manchego, la Organización Agraria ha subrayado que en Castilla-La Mancha no sobra ninguna hectárea.
La Organización Agraria ha asegurado que de las 600.000 hectáreas de viñedo que hay en la región, 100.000 se dedican a la producción de los mejores vinos de España, 100.000 se destinan a alcohol de uso de boca y otras 100.000 a mostos, zumos y derivados. El resto, es decir, la otra mitad del viñedo de Castilla-La Mancha deberá tener un tratamiento específico en la futura reforma de la OCM del vino.
Según ASAJA de Castilla-La Mancha, la política vitivinícola que proyecta la Unión Europea pasa por alto las características de esas 300.000 hectáreas y, por tanto, la organización aboga por promover medidas destinadas a preservar ese viñedo por su papel fundamental en términos de protección del medio ambiente, paisaje y empleo en zonas rurales.
ASAJA viene apostando desde siempre por el mantenimiento íntegro del potencial vitivinícola de Castilla-La Mancha pero reconoce que las pautas de la próxima reforma de la OCM del vino contemplan una regulación del vino como tal, como producto alimenticio sin considerar el viñedo como cultivo.
Es por ello que ASAJA de Castilla-La Mancha ha manifestado que la mitad del viñedo de Castilla-La Mancha no tendrá cabida en la futura OCM del vino.
La Organización Agraria ha lamentado la confusión que han generado aquellos que manipulan la información sin tener detrás un peso importante de productores y ha destacado que tanto los viticultores como ASAJA coinciden en el diagnostico de la situación de la viticultura española porque el fin último es conseguir la viabilidad de todas las explotaciones.
Por último, ASAJA de Castilla-La Mancha ha recordado su defensa de la neutralidad financiera lo que equivale a demandar una garantía de futuro para todo el sector vitivinícola de esta región y ha señalado que la mayoría de los problemas estructurales del sector deberían solucionarse mediante políticas nacionales que tendrían que promover unas Administraciones más agresivas.
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