14 de septiembre de 2005. La política de desarrollo rural, es una verdadera política de Estado, ha manifestado la ministra de Agricultura esta tarde en el Congreso, añadiendo que es, además, una de las prioridades que el Gobierno se ha planteado para esta legislatura.

Elena Espinosa iniciaba así su exposición sobre la efectividad de la nueva Ley de Orientación para el Desarrollo Rural y la Agricultura, una normativa que, ha recalcado, constituye una herramienta eficaz para el mantenimiento de la población rural y la vertebración del territorio.

Entre las líneas básicas de la Ley, la ministra ha destacado objetivos como la mejora de la competitividad del sistema agrario en su conjunto, y de cada una de las actividades que lo integran, así como la diversificación económica del medio rural.

Otro de los puntos señalados ha sido la sostenibilidad de las actividades agrarias, fomentando la incorporación de este principio a los procesos productivos, desde el punto de vista económico, social y medioambiental, y la equiparación de la dotación en infraestructuras y servicios con el medio urbano.

También ha resaltado la ministra otro aspecto de especial interés como es la incorporación activa de jóvenes y mujeres en el mundo rural, uno de los pilares básicos para evitar el éxodo de la población.

Elena Espinosa ha explicado que para la puesta en marcha de estas medidas se dotarán los medios económicos necesarios, y se fomentará la financiación privada para las actuaciones en el medio rural, instrumentándose, con el fin de lograr mayor eficacia en la aplicación de las medidas que contemplará la Ley, órganos de coordinación en materia de desarrollo rural, de la propia Administración, y de ésta con los representantes de los agricultores y las asociaciones del mundo rural.

La Ley, ha comunicado la ministra, será consultada con las Comunidades Autónomas, con las Organizaciones Profesionales, con la Federación de Cooperativas, con las Redes de Desarrollo rural y con otros interlocutores sociales, de forma que se alcance el mayor consenso posible, sabiendo que una ley de esta envergadura precisa el compromiso y la participación de todos los implicados.