Sevilla, 17 de febrero de 2005.- El secretario general de ASAJA-Sevilla y presidente del Comité Consultivo de Desarrollo Rural de la Unión Europea, Miguel Afán de Ribera, denunció hoy en Bruselas la “excesiva politización que sufre la política de Desarrollo Rural en España” y, en particular, denunció la actuación de los Grupos de Acción Local que gestionan los programas LEADER y PRODER, controlados por alcaldes y políticos municipales que han encontrado en estos fondos un nuevo instrumento de control político.

Afán de Ribera participó hoy, en representación de los agricultores europeos, en la Audición Pública organizada por el Comité Económico y Social Europeo para recabar la opinión de los agentes sociales sobre la propuesta de reforma de la política de Desarrollo Rural que debe aprobar la Comisión en el presente semestre. En el encuentro intervinieron, entre otros, el director general de Desarrollo Rural de la UE, Dirk Ahner, el vicepresidente de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, Friedrich-Wilhelm Graefe.

En su intervención, Afán de Ribera apostó por “un modelo de Desarrollo Rural que contribuya a garantizar la competitividad de la agricultura europea, inmersa en un proceso de reconversión tras la aprobación de la nueva PAC.” Asimismo, el presidente del Comité Consultivo de Desarrollo Rural de la UE demandó que el nuevo reglamento de Desarrollo Rural “articule los mecanismos necesarios para evitar que alcaldes y políticos de ámbito municipal controlen y dirijan los Grupos de Acción Local”, y que paralelamente, “garantice que los representantes agrarios y las cooperativas estén claramente implicados en el proceso de toma de decisiones de los grupos”.

En el actual periodo de programación 2000-2006, y tal y como vienen denunciando las Organizaciones Agrarias de toda España, son los poderes locales (Ayuntamientos) quienes controlan los Grupos de Desarrollo Rural, gestores de los programas LEADER y PRODER, y los agricultores y ganaderos están siendo continuamente discriminados en sus proyectos para mejorar la competitividad de sus empresas, hasta el punto de que, del total de fondos dispuestos, menos del 5% ha ido a mejorar explotaciones agrarias, incluso se han rechazado proyectos por el mero hecho de ser agrarios. Por el contrario, es práctica común en los Grupos la realización de autodotaciones o reservas de fondos para proyectos exclusivamente gestionados por Ayuntamientos, práctica absolutamente abusiva que sólo se explica por el control total que los entes locales ejercen sobre los órganos de gobierno de los Grupos.

A juicio de Afán de Ribera, “las explotaciones agrarias europeas necesitan ahora, más que nunca, contar con una política clara de mejora de su competitividad, dado que tras la aprobación de la nueva PAC deberán realizar diversos ajustes estructurales para adaptarse al nuevo marco, y deberán contar con una estrategia clara, con recursos suficientes, para lograr esta adaptación de la forma menos traumática posible, por lo que será decisivo contar con una política de Desarrollo Rural adecuada y bien dotada”.

Esta la estrategia de competitividad que debe promover la nueva política de Desarrollo Rural debe basarse en los siguientes ejes: redimensionamiento de las explotaciones, reducción de imputs, potenciación de la mejora informativa y formativa, determinación de una política silvícola activa, mejora de las infraestructuras agrarias de uso colectivo, garantía de agua para riego, refuerzo del apoyo al relevo generacional, desarrollo de una política fiscal que incentive la inversión y la viabilidad y refuerzo de las medidas agroambientales así como de la trazabilidad y certificación de calidad de las producciones.

Por último, el presidente del Comité Consultivo de Desarrollo Rural de la UE criticó el escaso interés que muestra el MAPA por el Desarrollo Rural y lamentó la ausencia de debate en España sobre al futuro de esta política. A juicio de Afán de Ribera “resulta incomprensible que pese a las reiteradas peticiones de las OPAs al MAPA para intentar fijar una posición común ante las discusiones de Bruselas, que culminarán con la publicación de un reglamento definitivo para el sexenio 2006-2013 en el próximo mes de junio, el MAPA no haya contestado”.