NÁJERA, 9 de julio de 2004.- Una delegación de ARAG-ASAJA, encabezada por su presidente, José Ángel Alegría, y su secretario general, José Antonio Torrecilla, se manifestará el próximo miércoles, día 14 de julio, en Bruselas para protestar por los planes de reforma del sector del azúcar del comisario europeo de Agricultura, Franz Fischler, que incluyen el recorte de cuotas y la reducción de precios.

La concentración tendrá lugar ante la sede la Comisión Europea durante la reunión del Colegio de Comisarios a la que Fischler presentará su propuesta y reunirá a cultivadores de todas las regiones afectadas de España, convocados conjuntamente por ASAJA-Confederación Nacional de Remolacha, COAG y UPA.

El comisario europeo de Agricultura propone la unificación y reducción en 2,8 millones de toneladas de las cuotas de producción, un recorte del 37% de los precios que se pagan a los productores y la posibilidad de trasvasar las cuotas de producción entre los Estados miembros, entre otros aspectos.

ARAG-ASAJA se opone frontalmente a esta reforma que causaría la desaparición en La Rioja del cultivo de la remolacha, con 294 agricultores afectados, una producción de 134.459 toneladas y una extensión de 1.652 hectáreas.

El conjunto del sector remolachero-azucarero español ha suscrito un documento en el que rechaza el documento de Fischler y denuncia que su propuesta supone un duro varapalo para la economía de más de 20.000 agricultores, así como para el entramado social que representa el cultivo y la industria en amplias zonas rurales de nuestro país.

El sector remolachero reclama:

-Mantenimiento de cuotas de producción nacionales ajustadas al consumo de cada Estado miembro, así como el mantenimiento de los precios actuales
-Establecimiento de contingentes a las importaciones preferenciales de los países menos avanzados y de los Balcanes
-Mantenimiento de los aranceles en el nivel actual

El borrador de Fischler constituye un ataque frontal al cultivo de remolacha en un gran número de países productores, entre los que se encuentra España, y los afectados exigen al Colegio de Comisarios que rechaze el documento.

Las organizaciones agrarias españolas han anunciado que llevarán a cabo todas las acciones que fueran necesarias, de forma coordinada y unitaria, en defensa del sector y barajan paros y encierros en fábricas.