5-7-2003. El Consejero de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Gonzalo Sáenz de Samaniego se reunirá el próximo jueves con la Asociación Independiente de Remolacheros de Alava, AIRA y con representantes del sindicato UAGA para analizar la situación generada tras la posible reforma planteada por la Comisión Europea.
Representantes de las comunidades autónomas de Euskadi, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Castilla -León y Castilla- La Mancha, todas ellas productoras de remolacha azucarera, se han reunido esta mañana en Madrid con la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación para debatir la situación creada a raíz de la propuesta de reforma del Sector Remolacha Azucar por parte de la Comisión Europea.
Esta reforma, conocida a modo de filtración y que no será una propuesta firme hasta la presentación pública el próximo 14 de julio por parte del Colegio de Comisarios, plantea:
– la reducción de los precios a los agricultores
– la reducción de las cuotas de producción
– la reestructuración industrial del sector
– la posibilidad de transferir cuotas
– el desacoplamiento del cultivo de remolacha a introducir dentro de la reforma de la PAC
El Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco estima que la aplicación de las medidas contenidas en este planteamiento inicial supondría la desaparición de las cerca de 400 explotaciones de remolacha existentes en Euskadi, al no seguir siendo viables. En el País Vasco se cultivan 3.000 hectáreas de remolacha azucarera, todas ellas repartidas en distintas comarcas alavesas como La Llanada, Montaña Alavesa y Valles Alaveses.
El resto de Comunidades Autónomas productoras reunidas esta mañana en Madrid ven igualmente inviable continuar con las producciones de aprobarse esta reforma por lo que se ha decidido:
1- Paralizar la propuesta que se plantea retrasando su publicación para evitar que de forma drástica e inmediata las explotaciones se vean afectadas, y al mismo tiempo hacer causa común con otros Estados igualmente afectados como Italia, Grecia, Finlandia o Portugal.
2- Impedir que la reforma que se apruebe en los términos actuales para lo que se ha cerrado un grupo técnico de trabajo entre todas las Comunidades afectadas, para valorar con agilidad las propuestas de la Comisión Europea y analizar las alternativas estudiando de inmediato la incidencia social en las zonas afectadas, la incidencia en las produciones y en la industria azucarera.
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