Un vecino de la localidad de Berlanga (Badajoz) ha sido condenado a las pena de tres meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, seis meses-multa, con una cuota diaria de tres euros, comiso de las variedades vegetales intervenidas y abono de una indemnización ascendiente a 4.000 euros por los daños y perjuicios causados por la explotación no autorizada de variedades vegetales protegidas de cebada y trigo blando.

Esta sentencia, que ha sido dictada por el Juzgado de lo penal núm. 2 de Badajoz y con la que el acusado ha manifestado su plena conformidad, establece que el condenado ha cometido un delito contra la propiedad industrial que se encuentra tipificado en el artículo 274.3 del actual Código Penal. Dicho procedimiento judicial ha sido iniciado a raíz de la denuncia presentada por GESLIVE y Sociedad Anónima Marisa S.A.

Puesto que se trataba de variedades vegetales protegidas de cebada y trigo blando, las entidades titulares de los derechos de protección sobre las mismas ostentan una serie de derechos exclusivos, entre los que se encuentran su reproducción y comercialización.

En este caso, el acusado poseía 41 palets con 20 sacos, cada uno de 40 kg que contenían grano seleccionado de cebada de la variedad “Hispania” cuyos derechos en España ostentaba de manera exclusiva a la entidad Marisa S.A.; 6 palets con 20 sacos cada uno, de 40 kg con trigo blando de la variedad “Babui” y tres palets con 20 sacos cada uno, de 40 kg de trigo blando, de la variedad “Farak” cuyos derechos, en ambos casos, ostentan sendos obtentores representados en España por GESLIVE.

Sobre el uso ilegal de variedades vegetales protegidas y los derechos de propiedad industrial

El coste medio para poner una nueva variedad en el mercado es superior a 2 millones de euros, y se tarda de 10 a 12 años en conseguirlo.

El desarrollo de nuevas variedades sólo es posible con una inversión continua en los programas de investigación. Para sostener los programas de mejora y el desarrollo de variedades es vital proteger los resultados de los trabajos de los obtentores y respetar sus derechos de propiedad industrial.

La investigación y desarrollo de nuevas variedades por las empresas obtentoras ha permitido a los agricultores duplicar los rendimientos en los últimos 50 años, con un aumento de la calidad de las cosechas.

La reproducción o la compra de semillas o plantas ilegales, o el reempleo de granos para siembra sin aplicar los derechos de propiedad industrial, amenazan la investigación y comprometen el futuro de nuestra agricultura.

La utilización de material vegetal producido clandestinamente puede dar resultados deficientes y acarrear serios perjuicios económicos al agricultor.

Atenta contra la seguridad del consumidor, que ve limitada la trazabilidad de los alimentos que consume.