La Junta de Castilla y León ha presentado alegaciones a la Comisión Europea (CE) pidiendo el cambio de estatus jurídico del lobo en Europa y por tanto, en Castilla y León, en la consulta pública puesta en marcha para que la UE actualice el marco jurídico en función de la evolución de esta especie.

La Junta de Castilla y León ha criticado, en numerosas ocasiones, que el gobierno de España remitió a la Comisión una información sobre el estado de conservación del lobo en España que no se ajusta a la verdad, puesto que informó que el estado de conservación es desfavorable cuando la población de lobos no ha dejado de incrementarse en nuestro país.

La normativa comunitaria permite que las autoridades locales apliquen excepciones, hasta tanto, se toma una decisión la flexibilización del régimen jurídico. Sin embargo, ese uso de las excepciones es inviable en Castilla y León (y en España) por la Orden Ministerial de inclusión del lobo en el LESPRE y con la Estrategia de Conservación del Lobo aprobadas respectivamente en los años 2021 y 2022 por el gobierno central. Se ha endureciendo el régimen jurídico de conservación muy por encima del permitido por la Directiva europea Hábitats de 1992.

Recordemos que las regiones del norte del río Duero, con Castilla y León a la cabeza, junto con una región de Grecia, fueron las únicas a las que la Directiva Hábitats atribuyó un régimen jurídico más flexible en la protección del lobo que en el resto de Europa, en que se impuso la estricta protección debido a su estado de conservación favorable.

Para respaldar esta consulta, Castilla y León ha proporcionado a la Comisión Europea información actualizada sobre el estado de conservación del lobo en la región y en España y sobre los ataques al ganado.

En noviembre pasado, el Parlamento Europeo, por una amplia mayoría, se pronunció de forma taxativa instando a los Estados y a la Comisión a poner en marcha un proceso de evaluación de las poblaciones de lobos, de los daños que causan a la ganadería y a las actividades humanas en el medio rural, a fin de determinar los cambios que es necesario llevar a cabo en el régimen jurídico de la especie en Europa.