“Mira al Origen” es el lema elegido por la Red Rural Nacional para su campaña cuyo objetivo no era otro que informar y concienciar a la población sobre la importancia que tiene el medio rural desde los puntos de vista económico, social, cultural y ambiental. Una campaña ambiciosa que delicadamente, como quien no quiere, ha entrado en nuestras casas a través de cuñas en televisión, radio y prensa. Un acierto en su planteamiento inicial, digo inicial por que tendrá una continuidad y un desarrollo en el tiempo, puesto que al mismo tiempo que pone en valor el mundo rural, con su lema, apela directamente al factor del origen de los alimentos que consumimos bien en el hogar bien fuera del mismo.

El origen de los alimentos que consumimos en nuestras mesas proviene, simple y llanamente dicho, de la tierra por lo que, todas aquellas políticas encaminadas a cuidar el factor tierra serán esenciales si lo que pretendemos es garantizar el origen de nuestra alimentación, bien sean políticas de ordenación territorial encaminadas a preservar tierras agrarias en cantidad y calidad suficiente bien sean políticas agronómicas encaminadas a mejorar la salud y fertilidad de las tierras.

Hoy quisiera centrarme en las políticas de ordenación territorial y más concretamente, quisiera fijar la mirada en la afección territorial de las políticas de impulso de energías renovables (solar, eólicas, biomasa, saltos hidráulicos, etc.) pues, mucho me temo, que las instalaciones de energías renovables, principalmente la energía solar, puede acabar siendo una nueva burbuja donde la especulación paste a sus anchas y acabe arrasando miles de hectáreas de tierra agrícola.

Como decía, la política de impulso de las energías renovables está en la agenda política y social de todas las instituciones, desde la propia Europa hasta el pueblo de uno mismo, y así comprobamos como los diferentes gobiernos están aprobando sus correspondientes leyes de cambio climático y esta misma semana el Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Cambio Climático que, salvo sorpresas, será ratificada definitivamente en el Senado. En este proyecto de Ley, comandado por la temible Teresa Ribera, se fijan una serie de hitos energéticos con sus correspondientes plazos temporales como son que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050, que antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable pero puntualiza que, al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.

El cumplimiento de dichos objetivos, a la espera de que los gobiernos autonómicos puedan fijar metas aún más ambiciosas, conllevará que miles de hectáreas pasen de tener un uso agrario a un uso energético y en consonancia con la dimensión del tema, serán miles de ingenieros y empresas energéticas quienes acudirán en masa a los pueblitos a convencer a los propietarios de tierras de las bondades del empeño y del alto rendimiento económico que obtendrá en el caso que se decida bien por adquirir placas solares para instalar en sus propias fincas bien por contratar con alguna empresa la concesión de sus tierras por una veintena de años para que sean ellos quienes exploten la actividad. También serán miles las personas que, aún siendo totalmente ajenas al territorio rural y a la actividad energética, a falta del boom del ladrillo, se vean tentadas de invertir sus ahorros en estas empresas instaladoras y energéticas que les prometerán, ¡cómo no!, el oro y el moro.

Por la otra parte, por la parte agrícola, los habrá quienes vean la propuesta como el maná que viene del cielo con el que complementar o sustituir la baja rentabilidad de sus tierras, hasta ahora al menos, agrarias. Los habrá, propietarios de tierras pero no productores, muchos de ellos jubilados, quienes vean la ocasión para alquilar sus fincas al mejor postor dejando en la estacada al hasta ahora inquilino que dedicaba las tierras a la producción agraria. Los habrá,finalmente, productores en arrendamiento, quienes vean incrementada su renta, se vean desplazados por las placas o, lo que es peor, se queden sin parte de las fincas hasta ahora gestionadas.

Como comprenderán, las empresas que diseñen e instalen los parques de placas solares ni irán a fincas pequeñas ni irán a fincas orográficamente complicadas y mucho menos irán a suelo urbano, por lo que es de suponer que los megaparques solares serán instalados en las grandes planicies del mundo rural compitiendo, eso sí, con el uso agrario.

En Euskadi, a nuestro nivel y en nuestra reducida dimensión, se comienzan a ver los primeros casos y así, vamos conociendo iniciativas, tan sostenibles y sociales como hapiguays, donde se impulsan huertas que (aquí somos tan nuestros que sustituimos la denominación parque solar por huerto solar para darle un toque más auténtico, quizás), por lo que vamos viendo, se instalarán en Suelo No Urbanizable, ósea el suelo rural de toda la vida, compitiendo, nuevamente, con el uso agrario.

Desde un punto de vista medioambiental y socialmente sostenible, lo lógico sería impulsar pequeñas y medianas instalaciones fotovoltaicas a lo largo y ancho de todo el territorio, cerca de los centros de consumo, en suelos degradados, en tejados de viviendas, industrias, equipamientos públicos, etc. pero, mucho me temo que las lógicas del pasado triunfarán y se recurrirá a lo fácil, a tierras agrícolas, llanas, alejadas de las ciudades y por lo tanto, baratas, donde con cuatro duros se “recompensará” al maltrecho agricultor.

Por eso mismo, creo que queda patente la importancia de una buena política de ordenación territorial para preservar las tierras agrícolas y por eso mismo, creo que sería necesario regular (tipos de suelos, dimensiones máximas, etc.) todo estos temas lo antes posible antes de que lamentemos sus consecuencias y muramos por insolación.