Desde UAGN se está trabajando intensamente desde hace meses para que la retirada de los osos se haga efectiva. UAGN ha reivindicado en reiteradas ocasiones tanto al Ministerio de Medio Ambiente como al Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra información sobre la introducción de la osa, sin embargo ninguno de ellos estaba al corriente de la entrada de estos animales salvajes.

“En febrero pusimos en marcha junto a ASAJA Huesca y Asaja Lleida la plataforma transpirenaica para trabajar conjuntamente y poner en valor el papel de la ganadería extensiva en el Pirineo y durante estos meses hemos mantenido distintas reuniones con la Administración en Navarra y Madrid, pero sin respuesta clara. De hecho se nos denegó la invitación de UAGN por parte del Departamento para participar en una jornada que celebramos la semana pasada sobre la ganadería extensiva”, expone Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN y ganadero del Izal, valle de Salazar. Así mismo, se redactó un manifiesto, firmado por el 99 % de ganaderos de los Valles Pirenaicos para ejercer presión ante la Administración de un tema que preocupa enormemente al sector.

En los últimos días, se han registrado tres ataques a ganado, y queda claro que el sistema de geolocalización no funciona puesto que los avisos tardan horas en registrarse. UAGN considera intolerable que los ganaderos tengan que convivir con una osa eslovena que se ha introducido en un hábitat que no es el suyo y se desconoce el comportamiento que pueda tener. Desde UAGN no vamos a admitir que a día de hoy los ganaderos y el ganado estén en peligro frente a especies salvajes que se han introducido en el territorio sin tenernos en cuenta.

“De momento ha sido el oso, confiemos que no reintroduzcan el lobo. A mi como ganadero del pirineo nadie me ha preguntado que me parecía la medida, y de la noche a la mañana nos recorre por nuestros pastos un animal agresivo, que ya ha realizado varios ataques a nuestros animales. ¿Solución? Ninguna. En el caso del valle de Salazar ningún responsable nos ha dado ninguna indicación sobre cómo debemos proceder en caso de ataques, o de encontrarnos con la osa. Sólo sabemos lo que ha aparecido en prensa, nadie nos ha convocado a todo el sector a una reunión. La Administración tiene que tener en cuenta a los agentes del territorio en la toma de decisiones sobre el medio rural, de forma que las medidas medioambientales que se tomen, tengan como prioridad garantizar el enfoque del medio rural y la pervivencia de la actividad económica que en ellos se realiza. Por tanto es un error, una humillación y una falta de respeto que no se cuente con el sector a la hora de tomar decisiones como introducir fauna salvaje en el territorio. Se legisla sin tenernos en cuenta, prima más la presión y los intereses de asociaciones medioambientalistas, y nada los nuestros, y muchas veces nos encontramos con una legislación farragosa y muy difícil de cumplir, y somos nosotros los que pagamos las consecuencias. Muchas veces esto afecta también a nuestra rentabilidad económica. Es imprescindible establecer interlocución debida con todas las administraciones y poner en marcha cuantas medidas sean necesarias para defender los intereses de la ganadería extensiva en el pirineo frente a las agresiones de índole ambiental, social o económica originadas por el desconocimiento de la realidad de nuestros pueblos y de nuestro modo de vida”, manifiesta Gonzalo Palacios.

UAGN exige medidas para garantizar la pervivencia de la ganadería en el valle. Medidas como la introducción de la osa suponen un inconveniente más para un sector en peligro de extinción, por lo que desde esta organización vamos a articular las medidas jurídicas correspondientes, tanto nacionales como internacionales para retirar los osos y no alteren el trabajo de los ganaderos de los valles.

Ángel Remírez, responsable jurídico de UAGN, explica al respecto. “El Código Penal establece que el que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio para tiempo de uno a tres años. Por consiguiente podemos concluir que existen varias vías por vía administrativa y judicial para denunciar esta situación”.