El Comité de
Desarrollo Rural (compuesto por representantes de los 27 Estados miembros) ha
emitido hoy un dictamen favorable a los programas de desarrollo rural de Italia
(Molise), Rumanía, España (Andalucía, Aragón, Asturias, La Rioja y Comunidad
Valenciana) y el Reino Unido (Gales) correspondientes al período financiero
2007-2013. Estos programas tienen por objeto garantizar las infraestructuras
necesarias en las regiones rurales y crear nuevas oportunidades de ingresos,
promover el crecimiento y combatir el desempleo. La Comisión debe aún adoptarlos
oficialmente en las próximas semanas. La aprobación de los programas de otros
países y regiones tendrá lugar dentro de unos meses.
Bruselas, 20
de febrero de 2008. «Nos encontramos casi al final de la lista de los programas
de desarrollo rural que deben ser aprobados por el Comité: de 93 programas, 85
se han acordado ya», ha declarado Mariann Fischer Boel, Comisaria de Agricultura
y Desarrollo Rural. «El fortalecimiento de la política de desarrollo rural
reviste capital importancia para el futuro de nuestras zonas rurales. Las ayudas
concedidas en virtud de esa política no sólo contribuyen a la diversificación
del sector agrario, sino que además sirven para financiar proyectos
medioambientales de enorme interés y para crear puestos de trabajo fuera de la
agricultura.».
|
En |
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Italia |
195 |
86 |
Rumanía |
9 971 |
8 022 |
España |
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Reino |
991 |
377 |
Para más
información sobre los distintos programas:
Italia
(Molise):
MEMO/08/102;
Rumanía:
MEMO/08/103;
España (5 regiones):
MEMO/08/105;
Reino Unido (Gales):
MEMO/08/104.
Contexto:
Como parte
de la profunda reforma, iniciada en 2003, a la que se ha sometido la Política
Agrícola Común (PAC), se ha revisado también la política de desarrollo rural.
Tras llevar a cabo un pormenorizado análisis de esta política y una amplia
evaluación de su impacto en el futuro, la Comisión presentó una propuesta en
julio de 2004, y al año siguiente, en septiembre, el Consejo adoptó para el
período 2007-2013 una política de desarrollo rural reformada que puede definirse
con dos términos: «continuidad y cambio».
La política
reformada garantiza la «continuidad» porque sigue ofreciendo a los Estados
miembros un abanico de medidas de entre las que pueden elegir y por las que
reciben el apoyo financiero de la Comunidad dentro de unos programas de
desarrollo rural integrados. Pero la nueva política representa también el
«cambio» porque modifica la forma de diseñar los programas, reforzando su
contenido estratégico y haciendo hincapié en el desarrollo sostenible de las
zonas rurales. A tal efecto, la política de desarrollo rural se centra ahora en
los tres ámbitos de acción fundamentales (ejes) que están establecidos:
-
aumentar la
competitividad de la agricultura y de la silvicultura; -
prestar apoyo a la
gestión del suelo y mejorar el medio ambiente; -
elevar la calidad de
vida e impulsar la diversificación de las actividades económicas.
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