La Política Agraria Comunitaria es muy importante, y más en la coyuntura económica actual, para los intereses y el futuro de España. Nuestro país recibe de estas políticas 7.500 millones de euros, a repartir entre más 900.000 agricultores y ganaderos españoles, situándose como la segunda nación, tras Francia en volumen de fondos recibidos.

Además de su relevancia económica, la PAC es imprescindible para mantener y crear empleo en el medio rural, las áreas más frágiles desde el punto de vista de las oportunidades de trabajo, dada la situación económica. Una actividad laboral que fomenta, a su vez, el mantenimiento de la población en ese entorno.

Los Gobiernos Regionales reunidos en Castilla y León, consideran que la economía debe encontrar en el sector agrario y en su industria unos perfectos aliados para la recuperación económica y del empleo.

SITUACIÓN DE LA REFORMA

El proceso de reforma se inició el 18 de noviembre del pasado año con la presentación por parte de la Comisión Europea de la Comunicación: “La PAC en el horizonte 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y alimentario”.

Posteriormente, el pasado 29 de junio, la Comisión presentó la comunicación sobre el próximo Marco Financiero Plurianual “Un presupuesto para Europa 2020” en la que hace su propuesta sobre dicho Marco para el período 2014 – 2020.

El presupuesto con el que contará la actividad agraria será de 382.900 millones de euros para este periodo, lo que representa una rebaja del 9,2% respecto al marco actual.

Los servicios agrícolas de Bruselas están elaborando las propuestas legislativas que permitirán la aplicación de la futura PAC. Actualmente se conocen, de forma oficiosa, en total siete propuestas que la Comisión presentará el 12 de octubre: régimen de ayudas directas; desarrollo rural; financiación, gestión y control de la PAC (propuesta que contempla, en particular, una reducción del número de organismos pagadores); organización común de mercado fijación de ciertas ayudas y restituciones a la exportación; medidas transitorias para 2013; y modificaciones técnicas específicas para los viticultores.

Hasta el momento actual por parte del Ministerio solamente ha remitido a las Comunidades en el mes de agosto una primera versión correspondiente a los tres primeros régimenes: ayudas directas, desarrollo rural y financiación.

Además, de las propuestas legislativas también se han filtrado diversos estudios de impacto que presentan diferentes modelos a tener en cuenta en los textos reglamentarios, en concreto se han conocido los estudios de impacto relativos a: los pagos directos, el desarrollo rural, las medidas de mercado, la condicionalidad y del denominado “greening”, un pago por la realización de prácticas medioambientales.

Un primer análisis de las propuestas presentadas determina que a partir de 2014 existirá un nuevo modelo de pagos directos con diferentes componentes de ayudas, que en un principio van a generar una extraordinaria complejidad en su aplicación, como es la determinación de los nuevos derechos de pago y el establecer un mecanismo de convergencia progresiva hasta llegar a un valor uniforme en 2019 (los derechos actuales desaparecen).

También presentará dificultades el establecimiento de las prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente dentro del denominado “greening”, como es la diversificación en al menos tres cultivos distintos la superficie de la explotación. Lo que provocará inconvenientes para las explotaciones tradicionales de monocultivo de maíz y otros.

Igualmente, el concepto de agricultor activo o la limitación de los pagos máximos por productor, supondrá un incremento de carga administrativa tanto para los agricultores como para la administración, como así reconocen los propios Servicios de la Comisión en los estudios de impacto.

Ante esta situación en la que se encuentra la reforma, los Gobiernos Regionales, han destacado que es un momento “fundamental” por lo que es necesario “no perder más tiempo” y agilizar los trámites necesarios para llegar a una postura “De Estado” ante la reforma.

INACTIVIDAD DEL GOBIERNO CENTRAL

Las Comunidades Autónomas reunidas en Castilla y León, y que representan a la mayor parte del territorio nacional, han lamentado la lentitud y el aparente desinterés con la que el Gobierno Central está tratando y analizando la futura reforma de la Política Agraria Comunitaria.

Como ejemplo, han destacado, los más de dos meses que tardó el Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino en constituir un Grupo de Trabajo con las Comunidades Autónomas para analizar las propuestas de reforma de la PAC.

Estas Comunidades han pedido, de manera individualizada o en grupo, en sucesivas ocasiones, la celebración de reuniones extraordinarias entre Gobierno y Regiones. Unas peticiones, que no han sido atendidas, para: Conocer el impacto económico de la reforma propuesta; Definir la prioridad del Gobierno de España respecto a la financiación europea (fondos agrarios u otros fondos); Conseguir una PAC que no haga inviable ningún cultivo en España; Introducir flexibilidad y actuaciones de intervención de mercado; Conseguir un período transitorio de adaptación.

Otro de los incumplimientos del Gobierno de Rodríguez Zapatero en materia agrícola y ganadera fue la propuesta planteada por el Ministerio el 11 de abril de crear grupos de trabajo específicos por Comunidades Autónomas, en función de sus características productivas. Una propuesta que hasta la fecha no se ha hecho realidad.

Las diez Regiones de España reunidas han denunciado que no se haya convocado ninguna reunión para analizar la propuesta de comunicación de la Comisión sobre el presupuesto de cara al nuevo marco financiero 2014-2020, incumpliendo de esta forma lo dispuesto en el Reglamento interno de la Conferencia Sectorial ante las peticiones de celebrar un encuentro.

Las Comunidades Autónomas también han demandado una información más directa del Gobierno Central sobre la reforma de la PAC. Como lo demuestra que en el mes de agosto se han remitido los primeros documentos borradores de las propuestas legislativas de la futura política sin que el Ministerio haya remitido los documentos que circulan elaborados por la Comisión y relativos a distintos estudios de impacto sobre la propuesta de reforma.

Ante la pasividad del Gobierno Español, y gravemente preocupados por la propuesta de reforma de la PAC que va a presentar la Comisión Europea en las próximas semanas, puesto que no sólo reduce las dotaciones financieras de la PAC sino que contiene elementos muy lesivos para los agricultores y ganaderos, las Comunidades Autónomas han acordado:

• EXIGIR QUE EN EL DEBATE DE LAS PERSPECTIVAS FINANCIERAS, EL GOBIERNO DE ESPAÑA NO PERMITA QUE DESCIENDA LA DOTACIÓN ECONÓMICA DE LA POLÍTICA AGRARIA.

• EXIGIR AL GOBIERNO UN ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO DEL MODELO QUE SE PROPONE Y ANALIZAR LOS SECTORES MÁS VULNERABLES.

• DEFINIR UNA POSICIÓN NEGOCIADORA ESPAÑOLA PACTADA CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN LA CONFERENCIA SECTORIAL.

• CONSEGUIR UNA ALIANZA ESTRATÉGICA CON OTROS ESTADOS QUE PUEDAN INFLUIR EN LAS PROPUESTAS DE LA COMISIÓN.

Además, los Consejeros de Agricultura y Ganadería de las diez Comunidades Autónomas que se han reunido en Castilla y León, han decidido que este grupo de trabajo creado para analizar y debatir la futura PAC se reúna periódicamente, al menos una vez al mes.