El Tribunal de Cuentas Europeo ha presentado su dictamente sobre los cuatro principales proyectos de reglamentos que recogen la propuesta de reforma de la PAC (Dictamen nº 1/2012). Aunque el Tribunal reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión para simplificar las disposiciones de la PAC y para responder a una serie de observaciones formuladas por el Parlamento y el Consejo, y también por el Tribunal, también considera que el marco legislativo de la política sigue siendo demasiado complejo. Por ejemplo, en los gastos de desarrollo rural, existen seis estratos de normas. En cuanto a la condicionalidad, el Tribunal considera que, pese a la reorganización propuesta, la complejidad de esta política sigue dificultando su administración por parte de los organismos pagadores o de los beneficiarios.

Pese a la alegada atención a los resultados, la política sigue estando basada esencialmente en los gastos y en el control del gasto, y por tanto orientada al cumplimiento más que al rendimiento. Así, no se presentan en los artículos del reglamento los objetivos específicos fijados para los pagos directos a los agricultores, ni tampoco los resultados previstos de estas disposiciones o el tipo de indicadores previstos para medir estos resultados. En desarrollo rural, el Tribunal ha subrayado la importancia de establecer objetivos específicos concretos que deban alcanzarse mediante las medidas propuestas y de garantizar que la ayuda se destina a las zonas rurales que más la necesiten. Tampoco se han definido de forma adecuada los objetivos y resultados cualitativos y cuantitativos previstos de la aplicación de las obligaciones de condicionalidad ni el componente «ecologización» de los pagos directos. La presentación de estos elementos contribuiría a orientar y centrar la política en la obtención de los resultados previstos.

Si bien el Tribunal toma nota de la meta de la Comisión de centrar el pago de las ayudas de la PAC en los «agricultores activos» y de su tentativa de lograr una distribución más equilibrada de los pagos directos entre los beneficiarios, considera que persiste el riesgo de que sigan pagándose ayudas a beneficiarios que no desempeñan ninguna actividad agrícola. Además, el Tribunal observa que el efecto de la denominada «limitación» (reducción de la ayuda que rebase determinados niveles) en la redistribución de la ayuda será restringido.

Además, el Tribunal tiene dudas sobre si las medidas propuestas pueden aplicarse con eficacia sin imponer una carga administrativa excesiva a las agencias de gestión nacionales y a los agricultores. Para resolver esta dificultad, el Tribunal sugiere que se adopte una definición simple y general de «agricultor activo» y que se confíe a la Comisión la tarea de «gestionar» la aplicación de la legislación derivada a fin de alcanzar los ambiciosos objetivos fijados en el Tratado. Dichos objetivos consisten en incrementar la productividad agrícola y aumentar la renta individual de los que trabajan en la agricultura.

El Tribunal observa que, según los cálculos de la Comisión, la reforma propuesta probablemente incrementará en un 15 % los costes de la gestión de los regímenes de pagos directos sufragados por los Estados miembros. El Tribunal constata que no se dispone de información que refleje en qué medida estos costes adicionales serán compensados por una mayor eficiencia de la gestión o de la política.

El Tribunal opina que la Comisión, como responsable en última instancia de la ejecución del presupuesto, debería revisar el funcionamiento de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros al inicio del nuevo período financiero. Esta revisión mitigaría el riesgo de que la detección de fallos (que pudiesen dar lugar a correcciones financieras) quedase postergada a futuros controles.

El proyecto de reglamento prevé la concesión de derechos de pago a nuevos agricultores (especialmente los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agraria) en 2014, pero el Tribunal manifiesta su preocupación por que dicha concesión deje de ser posible en los años siguientes. Además, el Tribunal señala que el requisito de haber activado los derechos de pago en 2011 (o de haber solicitado ayudas del sistema de pago único por superficie) para solicitar derechos en 2014 podría suponer un obstáculo para la entrada en el sistema de nuevos agricultores. El Tribunal considera que deberían ofrecerse salvaguardias suficientes para superar estos obstáculos.

El Tribunal considera que las disposiciones del proyecto relativas a las «retiradas», «reducciones» y «exclusiones» de la ayuda en los Estados miembros resultan confusas tanto en su formulación como en su alcance. Por ello, a su juicio, deberían simplificarse las disposiciones mediante el uso coherente de una terminología bien definida y la adecuada aplicación del principio de que las irregularidades dan lugar a reducciones de la ayuda y deben figurar en la información estadística facilitada por los Estados miembros y la Comisión.

Por último, el Tribunal subraya que la aplicación eficaz de la reforma también depende de que la Comisión presente «disposiciones de aplicación» claras, y de la rapidez con que los organismos pagadores adapten procedimientos y sistemas que pueden requerir entre doce y veinticuatro meses tras la adopción de las disposiciones de aplicación por la Comisión.

Michel Cretin, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, presentará al Parlamento Europeo el dictamen del Tribunal sobre las propuestas legislativas de la Comisión relativas a la reforma de la política agrícola común (PAC) al final de abril.