Tras los resultados del acuerdo del Consejo Agricola de la UE de la pasada noche y a la espera de las decisiones de las reuniones trilaterales entre Consejo, Parlamento Europeo y Comisión que deberían desembocar en un acuerdo político sobre la Reforma de la PAC, ASAJA considera que se han cumplido las expectativas de la delegación española y cree de justicia felicitar a nuestros representantes ministeriales por el trabajo realizado ante las distintas instituciones comunitarias y sus alianzas con otros países defensores de la PAC.

La posibilidad de poner un límite a las superficies con derecho a pagos agrícolas y ganaderos, así como garantizarse una flexibilidad suficiente a la hora de establecer un plan de regionalización que permitiera diferenciar entre las distintas zonas y métodos de producción para evitar desequilibrios e injusticias entre territorios, cultivos y explotaciones, han sido prioridades para España que se han visto satisfechas en este Consejo Agricola, alejando la propuesta inicial de “tasa plana” de la Comisión que sería enormemente lesiva para los agricultores y ganaderos españoles.

La combinación de estas dos medidas evita la dilución de las ayudas y el impacto tan negativo que tenía la propuesta inicial sobre el territorio y sobre los sistemas productivos, muy especialmente sobre aquellos sobre los que se sustenta la actividad agraria y que son los que generan más empleo, más movimiento económico y mayor dinamismo en el mundo rural.

ASAJA se ha manifestado desde el principio contraria a la introducción de mayores exigencias medioambientales en relación con los pagos directos, por no tener en consideración los esfuerzos ya realizados por los profesionales agrarios y suponer mayores costes de producción y reducción de la capacidad productiva de las explotaciones, precisamente lo contrario de lo que predican las instituciones y foros internacionales para afrontar los retos alimentarios del siglo XXI.

No obstante, este apartado estaba directamente relacionado, no con la reforma de la PAC, sino con el marco presupuestario aprobado en febrero de 2013 y pendiente de ratificación por el Parlamento Europeo. El Acuerdo del Consejo Agricola permite flexibilizar las condiciones inicialmente propuestas por la comisión posibilitando un nivel de adaptación razonable a las nuevas exigencias.

En materia de desarrollo rural también se han conseguido mejoras sustanciales respecto a las propuestas de la Comisión. La compatibilidad de programas regionales con un programa nacional de desarrollo rural dará coherencia y máxima cobertura a actuaciones prioritarias en el Segundo pilar. Las inversiones en regadío, esenciales para España, consiguen apostar por la eficiencia, además de por el ahorro. Por otra parte, se ha podido obtener una solución para las regiones que podrían verse muy comprometidas en la cofinanciación como consecuencia de su paso a regiones en transición.

En cuanto a los mecanismos de gestión de mercado, donde los debates han sido sumamente tensos e intensos, se han podido introducir algunas mejoras sobre las propuestas de la Comisión, respaldadas por los países más liberales, en cuestiones como la actualización de precios de referencia para la intervención y el almacenamiento privado o la prorroga de algunos sistema en sectores importantes para España.

Lamentamos que no se haya podido ir mas lejos, especialmente en cuanto al sector lácteo, que verá desaparecer las cuotas en 2015, o un mayor periodo de vigencia para el régimen de cuotas y precios del azúcar y la remolacha o el mantenimiento de los derechos de plantación hasta 2030, como proponía el Parlamento Europeo.

En definitiva, y a la espera de que el Parlamento Europeo ratifique el Acuerdo de la Cumbre de Jefes de Estado de febrero de este año, sobre el Marco Financiero de la UE para el periodo 2014-2020, y la distribución definitiva de los Fondos Agrícolas entre países, podemos considerar que esta fase trascendental de las negociaciones se ha cerrado satisfactoriamente para los intereses agrarios de España.

A partir de ahora habrá que adoptar a nivel nacional muchas decisiones importantes para ofrecer a los agricultores un marco legislativo simple y a largo plazo que les permita afrontar con garantías los retos que se presentan para nuestra agricultura.

Será por tanto, necesario un nuevo ejercicio de negociación, esta vez con los representantes de las CC.AA. para lograr una implementación nacional de la PAC que evite distorsiones innecesarias entre agricultores y sectores.