Los acuerdos políticos sobre la reforma de la PAC que están en estos momentos llegando de Bruselas, en los que interviene la Comisión, el Consejo y el Parlamento, “entran dentro de lo que estaba previsto y son un mal menor”, según una primera valoración de ASAJA de Castilla y León. Lo más positivo de lo conocido hasta el momento es que se abre un horizonte hasta el año 2020, periodo en el que el campo de Castilla y León va a disponer de unos recursos financieros importantes –aunque menores que en etapas anteriores–, para compensar parte de lo que no remuneran los mercados, así como unas ayudas para la modernización de las explotaciones y para el fomento del relevo generacional en el campo.

ASAJA considera que con esta nueva PAC se garantiza la continuidad de la agricultura y la ganadería de Castilla y León a lo largo de esta década, con un tamaño similar al actual, lo que será decisivo para tirar de la economía y el desarrollo del medio rural mientras se remonta la situación de crisis general.

ASAJA de Castilla y León valora positivamente que en la medida de convergencia interior se limite a un 30 por ciento la reducción máxima que pueda sufrir un agricultor en sus ayudas, como valora positivamente la flexibilidad que se ha introducido para la puesta en marcha del conocido como “pago verde”. Respecto a los pagos acoplados, ASAJA considera que se debería de haber reservado para ellos un porcentaje mayor de fondos, ya que son el único instrumento que admite la nueva PAC para salir en auxilio de las producciones ganaderas y también de los cultivos más desprotegidos por las condiciones de los mercados, entre otros la remolacha o las legumbres.

Para ASAJA de Castilla y León, “la cobardía de las instituciones europeas a la hora de definir la figura de agricultor activo genera un problema en comunidades como ésta, donde una parte muy importante de los fondos agrarios se van a manos de gente que no es profesional del campo”. ASAJA espera que se pueda profundizar en esta cuestión, por parte de la Junta y del ministerio de Agricultura, para que la mayor parte de las ayudas de la PAC lleguen a las explotaciones de quienes de verdad viven del campo, de quienes cotizan a la Seguridad Social como agricultores o ganaderos.

La supresión de los cupos lecheros, el desamparo en el que quedan las diferentes producciones ganaderas, la permanencia de las cuotas remolacheras únicamente hasta el 2017, los nulos apoyos a las políticas de mercados, el tímido apoyo a los jóvenes y la escasa profundización en políticas para afrontar crisis, centran las principales carencias de esta nueva PAC.

Más que nunca, esta nueva Política Agrícola Común “deja amplio margen a las autoridades nacionales para su puesta en marcha, por lo que ahora se abre un periodo en el que se debe de tener en cuenta la opinión de las organizaciones agrarias y en el que debe de haber voluntad de consenso entre el Ministerio y las comunidades autónomas”. Todo ello a la espera de que Bruselas publique los reglamentos de desarrollo de los acuerdos políticos, donde con frecuencia se suelen encontrar sorpresas, tal como advierte ASAJA.