El ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha explicado
en la  madrugada del miércoles su “satisfacción” porque España ha
conseguido “la práctica totalidad de sus reivindicaciones en la reforma de la
Política Agrícola Común y mejora sensiblemente el acuerdo del Consejo de
Ministros de Agricultura del pasado mes de marzo”. En definitiva, ha añadido
Arias Cañete, “supone haber dado la vuelta por completo a una propuesta inicial
muy lesiva para los intereses españoles”.

 

Tras tres días de intensas
negociaciones, el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE ha alcanzado un
acuerdo político la pasada madrugada que va a permitir concluir el proceso de
negociación de la Política Agraria Común (PAC). Dicho acuerdo incluye un mandato
a la Presidencia irlandesa para cerrar los temas pendientes con el Parlamento
Europeo en el último trílogo, que se va a celebrar este miércoles por la mañana,
con anterioridad a la votación de la Comisión de Agricultura y ulterior
ratificación en el Pleno del Parlamento.

 

“Con esta Reforma no sólo se
ha conseguido corregir los defectos de la propuesta de la Comisión Europea para
adaptarlos a la realidad de la agricultura española, si no que nos permite
corregir los defectos del sistema de ayuda actual y orientar así los pagos
directas hacia una agricultura realmente activa, que nos permita mantener la
actividad económica de nuestro sector agrario, generando con ello crecimiento y
empleo”, ha manifestado Arias Cañete en una rueda de prensa celebrada en
Luxemburgo esta madrugada.

 

PAGOS DIRECTOS

 

En síntesis, este es el
resumen que el ministro Arias Cañete ha realizado al finalizar el Consejo de
Ministros esta madrugada:

 

España tenía tres objetivos
fundamentales al comenzar las negociaciones de esta reforma:

 

1.-
Conseguir mantener para el periodo 2014 a 2020 un apoyo presupuestario para
el sector agrario español similar al del periodo actual, que le permita
mantener su competitividad y la viabilidad de todas los sectores productivos.

 

Este objetivo se ha conseguido
plenamente. España dispondrá de  35.705 millones de € para ayudas directas,
8.291 millones de € para desarrollo rural y más de 3.000 millones de € para
medidas de mercado. En total, 47.000 millones de € de fondos comunitarios a los
que se sumará la cofinanciación nacional para las medidas de desarrollo rural,
elevando con ello la cifra superior a 50.000 millones de €

Ningún sector de la economía
española va a recibir unos apoyos similares, que suponen una media de casi el 30
por ciento de la renta agraria, estando garantizado durante los próximos siete
años, hasta el año 2020.

 

2.-
Nuestro segundo objetivo era evitar una reducción muy significativa de la
ayuda media por hectárea debido a la incorporación de nuevas superficies
potencialmente elegibles, que podrían alcanzar 38.000.000 hectáreas, 16.000.000
de hectáreas más de las hectáreas actualmente declaradas. De no haber conseguido
la limitación de la superficie elegible se hubiera producido una reducción de la
ayuda media por hectárea de 229 € a 126, es decir, en un 42 por ciento. El
acuerdo alcanzado en el Consejo nos permite limitar la superficie potencialmente
elegible a 22,4 millones de Ha, que es la superficie declarada en 2011.

 

3.–
El tercer gran objetivo era impedir que España se viera obligada a aplicar una
tasa plana, es decir una ayuda igual por hectárea para todos los
productores de un Estado miembro o región en un proceso de convergencia interna
plena.

 

“Ello hubiera llevado a que
todos los agricultores y ganaderos, al margen de sus producciones específicas y
sus costos de producción, recibieran ayudas idénticas, lo que hubiera conducido
a que sectores que necesitaban ayudas las perdieran y otros que no precisaban
incrementos de ayudas para ser rentables vieran incrementados sus apoyos
comunitarios”, ha dicho Arias Cañete.

 

Este objetivo también se ha
conseguido, por medio de actuaciones en diversos frentes:

 

a) Desaparece la obligación de
converger totalmente hacia la media nacional o regional en 2019.

 

b) Los pequeños agricultores,
los que reciben hasta 1.250 € anuales (407.000) no estarán sujetos a la
convergencia interna. Es decir, un 46 por ciento del total de perceptores de
ayudas comunitarias (881.000) no estarán sometidos a ningún proceso de
convergencia.

 

c) Las ayudas acopladas
percibidas por agricultores y ganaderos no están sujetas a convergencia interna,
que suponen el 13 % del total, es decir, unos 637 millones de €.

 

d) El mínimo de convergencia
interna se establece en el 60 por ciento de la media de cada región que se
establezca.

 

e) Se ha conseguido gran
flexibilidad para configurar un sistema muy detallado de comarcalización,
adaptado a la realidad productiva de España, que va a permitir definir comarcas
con importes homogéneos de ayudas, por tipo de superficie, de manera que la
convergencia efectiva de ayudas entre agricultores dentro de cada comarca sea
muy limitada.

 

De acuerdo con las
estimaciones iniciales de que dispone el Gobierno, basadas en el sistema de
comarcalización en el que se está trabajando, con más de 40 regiones
diferenciadas, los movimientos de ayudas entre agricultores no serán
significativos y se realizarán en 5 años.

 

f) Se ha conseguido además que
el 30 por ciento del pago por greening se calcule a nivel de explotación, lo que
evita una convergencia automática del 30 por ciento, que se hubiera producido de
haberse calculado el greening a nivel nacional.

 

g) Además, como cláusula de
salvaguarda para las situaciones más excepcionales, que suponen menos del 1 % de
los beneficiarios, se ha establecido una limitación del 30 % en la reducción del
importe de ayuda que puede sufrir un beneficiario.

 

La suma de los elementos que
acabo de mencionar garantizan la viabilidad de todos los sectores productivos en
todas las regiones españolas, como ha sido siempre nuestro objetivo, sin
transferencias significativas de recursos entre productores y territorios.

 

GREENING

 

En este apartado son también
muchas las mejoras que se han logrado sobre la propuesta inicial de la Comisión.

 

Hay que destacar, porque era,
además, la principal preocupación de España, que los cultivos permanentes
califican per se como componente verde, es decir, no se les exigen condiciones
de greening. Ello es muy importante para las casi 5 millones de hectáreas de
estos cultivos en España: 2,5 millones de olivar, viñedo un millón, frutos secos
0,7 millones; cítricos 0,32 millones y frutales 0,25.

 

Los cultivos permanentes son
los únicos cultivos considerados como sumideros de carbono por el Panel
Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas.

 

También los cultivos bajo agua
como el arroz cumplen per se el componente verde.

 

Con respecto a la rotación de
cultivos, el ministro ha explicado que empieza a aplicarse a partir de 10
hectáreas, en lugar de las 3 que proponía la Comisión, y se exigen tan solo 2
cultivos para las explotaciones de menos de 30 hectáreas, frente a los tres que
proponía la Comisión.

 

La exigencia de mantener un 7%
de la explotación dedicada a zonas de especial interés ecológico se reduce a un
5%, y se amplía la lista de zonas consideradas como tal.

 

MODULACIÓN

 

Se reduce sustancialmente la
modulación de las ayudas a la que estaban sujetos todos los productores por los
importes recibidos por encima de 5.000 €, que suponía un descuento del 10 %
hasta 300.000 € y del 14 % por encima de esta cifra. En lo sucesivo sólo estarán
sujetos a modulación los productores de más de 150.000 € y, además, a tipos más
reducidos, pendiente de la negociación del Parlamento.

 

Con estas modificaciones en
las propuestas iniciales han quedado resueltos todos los problemas que afectaban
a los pagos directos para España.

 

ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS

 

El ministro Arias Cañete ha
detallado que “no sólo se han resuelto los grandes problemas horizontales de los
pagos directos, sino que en la regulación de la Organización Común de Mercado
Única se han introducido grandes mejoras respecto de la regulación actual”.

 

Así, en el reglamento de la
OCM se han conseguido mejoras en los sectores y en los instrumentos de
regulación de mercados:

 

En primer lugar, ha mencionado
las mejoras específicas para distintos sectores productivos:

 

-Azúcar

 

Frente a una propuesta de la
Comisión que mantenía 2015 como el año de finalización del régimen de cuotas,
éste se ha prorrogado hasta 2017, permitiendo que el sector remolachero y el
sector azucarero, en su conjunto, dispongan de un período suficiente para poder
acometer de una manera suave la transición hacia la futura liberalización del
sector.

 

-Vino

En el sector del vino, en el
que estaba prevista la liberalización absoluta de plantaciones a partir de 2015,
se establece un nuevo sistema de limitación de la producción basado en
autorizaciones, que estará vigente hasta el año 2030. Y además, se establece que
los derechos de plantación actuales mantendrán su validez y efectividad durante
un periodo transitorio de 5 años, hasta 2020. Además, se ha conseguido que la
medida de promoción, hasta ahora limitada a terceros países, se pueda realizar
en el mercado comunitario, que es el principal destino de nuestras
exportaciones.

 

-Trigo duro

 

Se ha logrado reintroducir
este producto dentro de los que son objeto de intervención pública.

 

-Carne de vacuno

 

Se ha incrementado el precio
que desencadena la apertura de intervención pública en un 21 %.

 

-Aceite de oliva y aceituna de
mesa

 

Se han reintroducido los
precios de desencadenamiento de almacenamiento privado para este sector, con la
posibilidad de que la Comisión pueda revisarlos cuando sea necesario, en función
de la evolución de la producción y del mercado, y por primera vez, teniendo en
cuenta los costes reales de producción.

 

Igualmente se establece que a
la hora de desencadenar el almacenamiento privado, la Comisión deberá tener en
cuenta la necesidad de responder a situaciones de mercado difíciles, que tengan
un impacto negativo en los márgenes del productor.

 

Por otra parte, se ha
conseguido que la Comisión elabore un informe antes de finales de 2014 sobre la
posible ampliación de los programas escolares al aceite de oliva y a la aceituna
de mesa.

 

Para todos los sectores, pero
con especial transcendencia para este sector, en caso de perturbación del
mercado, la Comisión podrá permitir retiradas de mercado, almacenamiento privado
y distribución gratuita, entre otras medidas, a las organizaciones de
productores, para las cuales se permite, además, la negociación colectiva de los
contratos, siempre que no superen un 15 % de la producción nacional.

 

-Frutas y hortalizas

 

Se ha mejorado el régimen de
precios de entrada de frutas y hortalizas, recuperando la referencia al “valor
de importación a tanto alzado”, que es el importe fundamental que calcula a
diario la Comisión Europea, y que en el caso de España nos permite saber si las
importaciones de terceros países respetan el precio de entrada.

 

Además, en este sector se
mantiene el etiquetado obligatorio del país de origen.

 

Igualmente se recuperan la
gran mayoría de los requisitos específicos para las organizaciones de
productores, en particular, la obligación de comercialización conjunta. Las
asociaciones de organizaciones de productores podrán presentar programas
operativos.

 

-Tabaco y algodón

 

Con la propuesta de la
Comisión estos cultivos perdían los importes de ayuda acoplados. Con el acuerdo
alcanzado, los agricultores podrán incorporar estas cantidades en el cálculo de
los derechos de pago básico.

 

-Sector lácteo

 

La Reforma ha dado la
oportunidad para abrir un debate sobre el futuro del sector lácteo en un
escenario sin cuotas. A tal efecto, la Comisión, en el mes de septiembre
convocará una conferencia extraordinaria para analizar las actuaciones que
habría que realizar a nivel comunitario en caso de desequilibrios y crisis en el
sector.

 

-Apicultura

 

Se ha conseguido mantener la
cofinanciación al 50 % ayudas, porcentaje que no quedaba garantizado en la
propuesta inicial de la Comisión.

 

-Mejora del funcionamiento de
la cadena alimentaria

 

El ministro ha explicado que
en la reforma “se abre la posibilidad de reconocimiento por parte de los Estados
miembros a las organizaciones de productores de todos los sectores, bajo unas
condiciones y con un amplio abanico de posibilidades que van desde la adaptación
de la oferta a la demanda, pasando por la comercialización en común, incluyendo
la optimización de los costes de producción y acciones medioambientales”.

 

Igualmente, se abre la
posibilidad de reconocimiento por parte de los Estados miembros a las
organizaciones interprofesionales en todos los sectores, que permitirán mejorar
la transparencia de la producción y del mercado, mejorar las exportaciones,
promoción y acciones de mejora de la calidad, entre otras medidas.

 

Los Estados miembros podrán
establecer la obligatoriedad de los contratos en los sectores y etapas de
comercialización que decidan, estableciendo unos elementos mínimos de contenido
en los contratos, ha explicado.

 

Se ha incluido una nueva
disposición que permite a la Comisión actuar en situaciones de graves
desequilibrios de mercado y exceptuar de la aplicación de la normativa de la
competencia a las organizaciones de productores, sus asociaciones e
interprofesionales, permitiendo retiradas de mercado, distribución gratuita de
los productos, transformación y procesado de los mismos, medidas promoción,
etcétera.

 

 

DESARROLLO RURAL

 

En desarrollo rural, uno de
los objetivos más importantes era conseguir la coexistencia de programas
nacionales y regionales, para permitir en España una ejecución más eficaz de
determinadas medidas y submedidas (la cooperación, los programas de conservación
de recursos fitogenéticos y de lucha contra determinadas plagas y enfermedades,
la prevención de los incendios forestales y la restauración de zonas afectadas,
la innovación, la integración cooperativa…), como así ha sido.

 

Entre las medidas más potentes
de desarrollo rural, se encuentran las inversiones en regadío para las que se ha
conseguido un resultado altamente satisfactorio. El acuerdo alcanzado contempla
la financiación de las inversiones que garanticen un ahorro de, al menos, el 5%,
así como otros aspectos importantes para España, como son las balsas de
regulación, la mejora de la eficiencia energética, la utilización de aguas
regeneradas y los nuevos regadíos en determinadas condiciones.

 

En cuanto al gasto mínimo
dedicado a medidas que tengan que ver con agroambiente y clima, se ha conseguido
incluir, además de las medidas previstas en la propuesta de la Comisión, otras
actuaciones que persiguen estos mismos efectos. A este conjunto de medidas se
destinará un 30% del presupuesto asignado. Entre estas medidas están las
forestales, la directiva marco de agua, zonas Natura 2000, biodiversidad y las
zonas con limitaciones naturales.

 

Otro aspecto esencial de la
negociación ha sido el relativo a las tasas de cofinanciación, de manera que las
regiones menos desarrolladas (Extremadura) y las regiones en transición
(Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia) dispongan de una tasa del 85%
(el 63% para Murcia), que pueden incrementarse en el caso de determinadas
medidas (agroambientales, LEADER, agrupaciones de productores, cooperación,
medidas financiadas con transferencias del primer pilar)

 

También se ha logrado incluir
la diversificación hacia actividades no agrarias de las pequeñas empresas
agroalimentarias ubicadas en el medio rural, que inicialmente estaban excluidas
de la financiación.

 

 

REGLAMENTO HORIZONTAL

 

En lo que respecta al
Reglamento Horizontal, en el que se recogen los aspectos financieros y de
control de la PAC, las principales mejoras conseguidas con el acuerdo alcanzado
son:

 

– Las ayudas directas se
podrán comenzar a pagar, en forma de anticipos, a partir del 16 de octubre de
cada año. De esta forma, ya no será necesario contar con la aprobación previa de
la Comisión para poder realizar este anticipo, lo que permitirán todos los años
adelantar los pagos que reciben los agricultores y ganaderos.

 

– En la aplicación del nuevo
“componente verde” o greening, se simplifica la aplicación de las
sanciones aplicables en caso de incumplimiento y se ha reducido el porcentaje
máximo de las sanciones al 25 %, tras un período transitorio de dos años en los
que las sanciones máximas serán del 15 y del 20 %. Con ello se permite que “el
componente verde”, al tratarse de un nuevo pago, sea exceptuado del régimen
sancionador general, con un porcentaje de sanciones más reducido y con un
período transitorio, con el objeto de que los agricultores y ganaderos puedan
adaptarse más fácilmente.

 

– Se ha logrado un período
transitorio para que los Estados miembros puedan incorporar en sus registros de
parcelas agrícolas (el SIGPAC en España) las superficies de interés ecológico,
dada la enorme cantidad de recursos que serán necesarios para digitalizar estas
informaciones en los sistemas informáticos.

 

– Se ha logrado una
simplificación real de la condicionalidad, eliminando requisitos y normas de
difícil cumplimiento por parte de los agricultores, al no estar su cumplimiento
directamente vinculado a la actividad agraria. Es destacable también que, en el
ámbito de la Condicionalidad, con el objeto de lograr un trato equitativo, a
todos los agricultores y de proporcionar la seguridad jurídica necesaria, se ha
logrado posponer la introducción de los requisitos derivados de la Directiva
Marco del Agua y del uso sostenible de los fitosanitarios, hasta que estas
normas estén plenamente aplicadas en todos los Estados miembros.

 

– Se ha logrado introducir la
posibilidad de que los Estados miembros puedan reducir el porcentaje de
controles sobre el terreno que realizan sobre los beneficiarios, cuando sus
sistemas de control demuestren que reúnen los requisitos necesarios para
garantizar que los pagos se realizan correctamente. Esta posibilidad, permitirá
reducir costes administrativos a las administraciones y, sobre todo, reducirá la
carga inspectora y los costes a los agricultores y ganaderos.

 

– Se ha ampliado de 2 a 3
años, el período adicional de que dispondrán los Estados miembros para ejecutar
los fondos de Desarrollo Rural procedentes del FEADER. De esta forma, los
Estados miembros dispondrán de más flexibilidad para ejecutar los fondos que
tienen asignados y, con ello, evitar el riesgo de pérdida de financiación.

 

– Igualmente se han modificado
numerosas disposiciones relativas a la gestión financiera y el control de los
fondos agrícolas, que redundarán en una mayor eficacia y agilidad en la gestión
de los fondos comunitarios.