El Gobierno de Cantabria, junto a otras nueve comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, ha exigido a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el cese o dimisión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. La petición se produce tras los incidentes registrados durante la reunión de la Comisión Sectorial celebrada el pasado 27 de junio, en la que se acusó al Ministerio de haber actuado de forma unilateral y sin respetar los acuerdos adoptados.
La polémica gira en torno al informe sexenal del estado de conservación del lobo, que, pese a haber sido retirado del orden del día de la Comisión, fue remitido a los medios por el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) como si hubiera sido aprobado. Este documento elaborado por técnicos del Ministerio concluye que el estado de conservación de la especie es «desfavorable», una valoración que no coincide con los informes remitidos por varias comunidades en aplicación de la Directiva de Hábitats.
Las comunidades firmantes —Galicia, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, Ceuta y Melilla— denuncian que se vulneró el funcionamiento regular de los órganos colegiados y acusan al Ministerio de actuar de forma desleal y sin diálogo. Según trasladaron en una carta conjunta, se había acordado tratar el informe en una reunión monográfica prevista para el 11 de julio, por lo que consideran inadmisible que se haya dado difusión pública a un documento que no fue debatido ni aprobado.
En el caso de Cantabria, el conflicto se agrava por el contenido del informe, que choca con los datos autonómicos. Desde la Consejería de Desarrollo Rural se defiende que el lobo está en un estado de conservación favorable, destacando que el número de manadas en la región se ha duplicado en los últimos años, pasando de 12 a 23. A juicio del Gobierno cántabro, este crecimiento es resultado directo del plan de gestión regional y no de la inclusión del lobo en el LESPRE, que solo ha regido durante los dos últimos años del periodo analizado.
Rechazo frontal a la gestión del MITECO
Desde Cantabria se ha calificado la actitud del Ministerio como “impresentable”, acusando al secretario de Estado de abandonar la reunión sin dar explicaciones tras conocerse la filtración del informe. La consejería considera que se está empleando una estrategia para revertir la actual situación del lobo e incluirlo nuevamente en el LESPRE de forma permanente, con argumentos más políticos que técnicos.
Asimismo, se denuncia que el Ministerio ha insinuado públicamente que Cantabria está llevando a cabo controles poblacionales en plena época reproductora, algo que desde el Gobierno autonómico se desmiente categóricamente. La Consejería recuerda que todas las actuaciones están respaldadas por resoluciones judiciales y que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como la Fiscalía han avalado la legalidad de los controles autorizados.
La consejera cántabra ha insistido en que “el ruido y el conflicto solo perjudican al sector ganadero”, y ha responsabilizado al MITECO de avivar la tensión con declaraciones que, a su juicio, carecen de rigor y menosprecian el trabajo técnico realizado por las comunidades.
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